Combatir el capital y expulsar a quienes lo generan

La Argentina es el país de la región que en los últimos 30 años ha producido la mayor cantidad de los llamados unicornios. Se trata de empresas que han alcanzado un valor superior a 1000 millones de dólares. Pero tanto los emprendedores que los crearon como otros miles de empresarios agobiados por los impuestos han trasladado su domicilio fiscal y su residencia real al exterior. Los destinos predominantes son Uruguay, España, Paraguay y los Estados Unidos. Gradualmente, echan raíces donde se radican y se ven formalmente obligados a permanecer como mínimo 180 días por año. Su actividad emprendedora se desplaza así con ellos también fuera de la Argentina. Solo en Uruguay se han concedido más de 20.000 radicaciones de argentinos desde 2021. La mayor parte de ellos lo hicieron por razones impositivas.

Según un trabajo conjunto del Banco Mundial y la firma PwC, la presión impositiva sobre las empresas ubica a la Argentina en segundo lugar en el ranking mundial, solo después de las Islas Comoras. Este lamentable récord abarca también a las personas de patrimonios medios y altos. Todo habitante de nuestro país debe solventar gravámenes a través del consumo, tales como el IVA, Ingresos Brutos, derechos de importación y más de cien impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Además, se paga el impuesto a las ganancias, que es progresivo y cuyas alícuotas no son precisamente bajas. Los ahorros y el capital formado por cualquier persona ya dejaron una fuerte porción en manos del Estado. Considerando esta circunstancia, son excepcionales en el mundo los gobiernos que luego de gravar los ingresos o las ganancias también ponen impuestos sobre los ahorros y bienes de las personas. Se trata de una doble tributación, y la Argentina está dentro de esta triste excepcionalidad.

El impuesto a los bienes personales inició esa práctica en agosto de 1991. Otro gravamen, conocido como impuesto a la riqueza, aunque denominado formalmente aporte solidario y extraordinario, fue creado a fines de 2020 y constituyó un golpe definitivo, aunque fue aplicado una única vez. Ese precedente, sin embargo, creó el temor de su repetición ante cualquier crisis fiscal.

Al igual que en Bienes Personales, el impuesto a la riqueza se determinaba sobre los activos, sin deducir los pasivos. Las tasas de estos impuestos son progresivas, o sea que quien más tiene no solo debe pagar más por ello, sino que además debe enfrentar tasas porcentuales crecientes.

Véase el caso de un emprendedor que creó un unicornio y lo controla reteniendo un 51% de su capital accionario, el cual cotiza en 1000 millones de dólares en bolsas internacionales. Por el impuesto a la riqueza debió pagar en 2021 aproximadamente 22 millones de dólares. Por Bienes Personales agregó un pago de 11 millones, todo ello en dinero efectivo. Tenía acciones y no efectivo, por lo tanto, para cumplir su obligación debía vender un 3,3% del capital accionario de la empresa. De intentarlo por bolsas, podría provocar el derrumbe de la cotización, perjudicando a todos los accionistas. Encontrar un comprador directo no resultaría sencillo y, probablemente, debería ceder el control de la compañía. Conclusión: el fisco argentino lo impulsaba a escapar de sus garras. Así se convirtieron muchísimos empresarios en exiliados impositivos.

A comienzos del gobierno de Mauricio Macri se redujo la alícuota de Bienes Personales y se sancionó una disminución progresiva. Ese compromiso alentó a que muchos se adhirieran al blanqueo, pero esa promesa se incumplió. El actual gobierno incrementó la alícuota y, como hemos visto, sumó por una vez el impuesto a la riqueza sobre la misma base imponible. ¿Qué otra cosa podía esperarse de quienes se vanaglorian “combatiendo al capital” en su emblemática marcha? La estrategia aplicada en este peculiar combate parece haber sido expulsar a quienes crean capital mediante la inversión e innovación. Es una rémora populista que ni siquiera advierte que al expulsar el capital y atacar la inversión está impidiendo la creación de empleo y el aumento del salario real. Durante la era Fernández se crearon o aumentaron impuestos en 32 oportunidades. Por otro lado, si se lo mira exclusivamente desde el ángulo de la recaudación, por resignar un aporte del 2% de la recaudación total por Bienes Personales pueden lograrse un efecto positivo sobre la inversión y el crecimiento, y un aumento futuro mucho mayor de los ingresos fiscales. La eliminación de este impuesto es necesaria, como también la de otros igualmente distorsivos. Así debieran expresarlo en su campaña quienes actualmente, desde la oposición, aspiran a cambiar los paradigmas que tanto han perjudicado a nuestro dolido país.

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