Marcelo Ariel Guille, exsecretario privado del exministro de Salud Ginés González García, se negó a declarar hoy ante la Justicia cuando fue indagado acusado de los delitos de peculado y abuso de autoridad, por haber ordenado que coloquen en oficinas del Ministerio de Salud vacunas contra el Covid a periodistas y amigos del poder que no estaban en la lista de personas prioritarias, en lo que se conoció como el caso del “Vacunatorio VIP”.

La presencia de Guille ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti inauguró la tanda de declaraciones indagatorias de exfuncionarios. González García se presentó ante la Justicia con un escrito en el que alegó problemas de salud para reprogramar su interrogatorio. El próximo indagado será el exdirector del Hospital Posadas Alberto Maceira, citado para el 14 de agosto, informaron fuentes judiciales a LA NACION.

Guille accedió hoy a la causa con la acusación en su contra y las evidencias que la sustentan, por lo que explicó que cuando estudie esas constancias presentará un escrito para responder a los cargos en su contra. Estuvieron presentes el fiscal Eduardo Taiano, un funcionario de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la jueza Capuchetti.

Los pedidos de indagatoria los habían realizado los fiscales Taiano y su colega de la PIA Sergio Rodríguez al acusar a los exfuncionarios del reparto irregular de vacunas contra el coronavirus durante la pandemia.

Además de los funcionarios, la Cámara Federal indicó que deben quedar bajo investigación los vacunados VIP que accedieron a las dosis de manera preferencial, aunque esa medida aún está pendiente. Entre los que fueron vacunados cuando no les correspondía se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde y su familia, y el periodista Horacio Verbitsky. Cuando recibieron sus dosis, las vacunas estaban reservadas solo a determinados grupos dentro de la sociedad (como el personal de salud o el personal estratégico de gobierno) y ellos no calificaban para un acceso prioritario.

Junto con el exministro González García, los fiscales pidieron las indagatorias de la exjefa de Servicios de Medicina Preventiva del Posadas María Elena Borda, y del exsubsecretario Alejandro Costa, que fue con las vacunas a la casa de Duhalde, pero la jueza antes de decidir esas medidas analizará si hay otros funcionarios en el organigrama entre ellos y el director del Hospital Posadas.

El peculado es un delito grave que se castiga con entre dos y 10 años de prisión, y está dentro de las malversaciones sancionadas por el Código Penal. Se comete cuando el funcionario sustrae efectos que tiene bajo su custodia (vacunas, en este caso) y además cuando los emplea en provecho propio o de un tercero (los vacunados VIP).

Se acusa a los exfuncionarios de haber retirado diez vacunas contra el Covid-19 asignadas al hospital Posadas y de su traslado al Ministerio de Salud de la Nación, el 18 de febrero de 2021, para vacunar a diez personas que no estaban habilitadas para recibir esas dosis. Por este hecho se solicitaron las declaraciones indagatorias de González García, Maceira y Guille.

Caso reabierto

En un principio, el fiscal Taiano y la jueza Capuchetti habían entendido que no había delito en lo ocurrido, cuando se supo mediante una entrevista que dio Vertbisky que personas que no estaban en la lista de prioridad habían recibido dosis de vacunas, antes que otras personas que las estaban esperando.

Pero la Cámara Federal ordenó reabrir el caso tras la apelación del fiscal de Investigaciones Administrativas, Rodríguez, y dio algunos parámetros para reenfocar la investigación y centrarse no solo en los funcionarios que montaron este circuito paralelo de vacunación al oficial, sino también en las personas que recibieron esas dosis de manera anticipada.