El caso Villarejo destapa una guerra interna en la empresa que pagó 14,6 millones al comisario y sus socios

La investigación que desarrolla el juez Manuel García Castellón en la pieza separada denominada Pit del caso Villarejo ha destapado una guerra fratricida en el seno de la familia Pérez-Maura por las acciones de la firma Pérez y Cía. Esta conclusión se desprende de un escrito enviado el pasado 17 de julio por el investigado Ángel Pérez-Maura a la Audiencia Nacional que revela que el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid dilucida un pleito por las acciones de la compañía en el seno de la familia de navieros.

En el documento, los hermanos Pérez-Maura rechazan que la Audiencia Nacional entregue al juzgado madrileño las pruebas obtenidas. Ya en abril de 2021 estos navieros lograron convencer a García Castellón de que sus parientes, el ahora fallecido Borja Pérez-Maura de Herrera y su viuda, Berta de la Peña González-Camino, que les acusaban de estafa, no podían ser considerados perjudicados en el caso Villarejo. Según su criterio “tan solo podrían ser considerados partícipes a título lucrativo o, en su caso, presuntos autores del supuesto delito de estafa”, argumentaron.

Según la Fiscalía Anticorrupción la naviera Pérez y Cía abonó 14,6 millones de euros al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a sus socios Enrique Maestre Cavanna y Adrián de la Joya para frustar la extradición de Ángel Pérez-Maura a Guatemala, país que le acusa de haber pagado mordidas por 30 millones de dólares al expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Varios pagos

El reparto fue de 5.001.260 euros para Cenyt SL y 2.497.440 euros para Stuart & Mckenzie Spain, empresas propiedad de Villarejo. La sociedad de Maestre, Adessan, cobró 5.131.797 euros. Además, la Fiscalía ha descubierto que la empresa Pérez y Cía también realizó transferencias por un total de 2.001.619 euros a la firma Serena Middle East, FZ LLC; radicada en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), y propiedad de De la Joya.

Al Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid llegó una demanda sustentada por el fallecido Borja Pérez-Maura de Herrera y su viuda, Berta de la Peña González-Camino, contra sus familiares Ángel y Álvaro Pérez-Maura, imputados en el caso Villarejo.

Los demandantes aseguran que fueron engañados “al suscribir un contrato de compraventa de las participaciones sociales que ostentaban en la sociedad Pérez y Cía, S.L.”, pues consideran que se había “manipulado la contabilidad para ocultar el pago de las comisiones ilícitas en Guatemala y los contratos con Cenyt y el señor Villarejo” y que esa falsedad contable les lleva a engaño a la hora de tomar decisiones sobre la venta de la empresa, calcular el valor de sus participaciones y el de su trasmisión.

58,6 millones

Borja Pérez-Maura de Herrera y Berta de la Peña González-Camino vendieron el 18 de abril de 2016 todas sus acciones de la naviera Pérez y Cía por 58.659.606 euros a la empresa Inversiones Los Arpeos. Pero tras conocer detalles del caso Villarejo, estos empresarios han promovido la nulidad de varias cláusulas del contrato de compraventa de las participaciones sociales de la mercantil.

Sin embargo, los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura consideran “inexplicable” que sus parientes, cinco años después de vender sus acciones, hayan iniciado una reclamación judicial: “Nos encontramos ante una nueva maniobra pergeñada por los familiares de mi representado que busca confundir y desviar la atención del Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid ante la más que probable desestimación de todas sus pretensiones”, especifica el escrito de 17 de julio del letrado de los navieros, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Por eso, los hermanos Pérez-Maura han pedido que se revoque la decisión de la Audiencia Nacional de entregar la información recabada en el caso Villarejo, entre otras cosas las grabaciones que realizó el propio comisario: “La maniobra de los familiares de mi representado no sólo es reprobable. Es contraria al derecho de defensa y persigue, a la desesperada, que se declare la nulidad de un contrato de compraventa que nada tiene que ver con lo aquí investigado”, completa el escrito del representante legal de los navieros, que desvela la disputa familiar.

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