Sánchez afronta una legislatura que solo prosperará con avances en materia plurinacional

“Todo el mundo haciendo números para una investidura y casi nadie piensa en la dificultad de sacar los temas cada semana“, reflexiona un diputado del PSOE sobre el panorama político. Y, en parte, no le falta razón. Hace cuatro años, Pedro Sánchez salió del Congreso de los Diputados investido presidente del Gobierno sin los ‘síes’ de ERC, Junts o EH Bildu. La imagen que ofreció el tablero de votación aquel 7 de enero de 2019, con 18 abstenciones, es ahora impensable. Las urnas forjaron el pasado 23J dos bloques casi graníticos, convirtiendo la aritmética variable de la anterior legislatura en una cuestión casi binaria, lo que obligará a Sánchez a ir más allá del reconocimiento verbal de la plurinacionalidad.

Durante los últimos cuatro años, el líder del PSOE ha ido surfeando una legislatura trepidante en la que no ha habido partido en el que no se haya apoyado. Desde el ‘sí’ de Cs a varias de las prórrogas del estado de alarma a sacar leyes con mayoría absoluta con los partidos independentistas, de lograr la aprobación de la reforma laboral por un voto -el de un despistado diputado del PP- ante el rechazo de todos sus socios o enmendar la ley del ‘solo sí es sí’ de la mano del PP. Esa estrategia, la de la geometría variable, ya no valdrá.

Para superar al bloque de PP (137 escaños), Vox (33) y UPN (1), el hipotético Gobierno de PSOE y Sumar necesita del apoyo de ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y, además, el ‘sí’ de Junts o conseguir que Coalición Canaria le apoye y los posconvergentes se abstengan. Estas cuentas se tendrán que repetir, una y otra vez, en cada votación en el Congreso, por lo que Sánchez se verá extremadamente obligado a compactar la mayoría de la investidura y a cumplir con los compromisos adoptados con sus socios si no quiere ver peligrar su acción legislativa.

La “oportunidad de oro”

De ahí que ERC y Junts vean en este contexto una “oportunidad de oro” para que la factura que pague el PSOE por sus votos sea alta para avanzar en su objetivo del referéndum o que los partidos vascos y los gallegos vean una brecha para poner encima de la mesa una mejora de su reconocimiento nacional y sus estatutos. Pero también los socialistas, a sabiendas de que estarán permanente atados a una sola aritmética, son conscientes de que deberán salir de la zona de confort y, a la vez, no pactar lo que no podrán cumplir si no quieren ver cortocircuitada la obra de Gobierno. La pregunta es cuál es la estación intermedia entre la reclamación del referéndum y la amnistía que hacen los partidos de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y el ‘no’ tajante que hasta ahora ha mantenido Sánchez ante ambas reivindicaciones.

No son pocas las veces que los independentistas catalanes han emplazado al presidente en funciones, así como al líder del PSC, Salvador Illa, a explicar cuál es su propuesta para resolver el conflicto con Cataluña. En una conferencia en enero de 2022, justo después de asumir el liderazgo del partido en sustitución de Miquel Iceta, Illa defendió que había que mejorar el autogobierno por la vía de “corregir la anomalía” del Estatut, así como avanzar hacia una financiación “justa”, pero no fue más allá del terreno retórico ni ha insistido hasta ahora en esta propuesta.

Fuentes de la dirección de los socialistas catalanes admiten que, siendo conscientes del papel clave de Puigdemont, pero también del elemento desestibilizador que supone su situación judicial para cualquier gobierno, es el momento de explorar una solución para el ‘expresident’ residente en Bélgica y que, más allá de dar continuidad a la mesa de diálogo, puede mantener vigente el compromiso sellado en 2019 de que los catalanes voten el acuerdo que se alcance en ella. El ‘president’ Pere Aragonès querría también que el PSC se implicara en el debate del acuerdo de claridad que tiene previsto reactivar a partir de otoño.

Pero lo que para los republicanos puede ser suficiente, para Junts puede llegar a quedarse corto. Sobre todo tras una legislatura señalando a ERC por sostener al Gobierno de coalición “a cambio de nada”, a pesar de los indultos y la eliminación del delito de sedición. Es ante esa acusación que los republicanos han endurecido sus condiciones y están dispuestos a exigir, más allá del conflicto político, traspasos como el de Rodalies con fecha y con los recursos necesarios. Pero Puigdemont ha sido tajante cuando ha manifestado que con él no funcionará el “chantaje” que, según considera, supone que se le diga a su partido que, si no vota a Sánchez, será la derecha quien lleve la batuta de la Moncloa.

Sin “cheques en blanco”

Hace cuatro años, tan solo el PNV y el BNG firmaron acuerdos de investidura con el PSOE. La experiencia no ha resultado positiva ni para estos dos partidos ni para ERC, que lamenta que el PSOE no haya cumplido compromisos sellados a cambio de sus votos durante la legislatura. “Sabemos lo que es firmar un acuerdo de investidura con Sánchez y sabemos lo que es no cumplirlo”, aseveró hace unos días el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Lo mismo hizo este jueves el diputado galego, Néstor Rego, que ha asegurado que “no están dispuestos a que el Gobierno no cumpla”. Y la diputada de ERC Teresa Jordà también dejó caer en la entrevista con EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, del Grupo Prensa Ibérica, que “la fortaleza del PSOE no es el cumplimiento de los acuerdos”.

Así, todas las formaciones que el PSOE necesita que arrimen el hombro avisan de que no otorgarán un “cheque en blanco”, por lo que Sánchez deberá hacer frente a unas exigencias que irán en la línea de la “cultura federal” a la que se comprometió justo hace 10 años en la Declaración de Granada que selló la paz con el PSC a cambio de que este enterrara su defensa de la “consulta legal y acordada” por la que llegó a romper la disciplina de voto hasta dos veces.

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