Díaz se prepara para un encaje de bolillos con 10 partidos en el grupo parlamentario

Es tiempo de negociaciones. En este agosto, la política española gira constantemente -incluso a riesgo de llegar a marear- sobre las conversaciones de unos con otros. Y viceversa. Quién presidirá el Congreso, si habrá una silla para los independentistas en la Mesa de esta institución, qué le exigen los socios a Pedro Sánchez para ser investido presidente… La verdad, es que no faltan temas. Y, por si fueran pocos, esta semana se deberá resolver una negociación más, la de Yolanda Díaz con los 10 partidos que aglutinó bajo la marca Sumar para repartirse el poder institucional en el Congreso.

En junio, con el adelanto electoral, la vicepresidenta segunda se tuvo que sumir en un intenso proceso para sacar adelante una candidatura que aunara a todas las formaciones a la izquierda del PSOE. Fue complejo, pero lo logró. Ahora, toda ese crisol de partidos exige tener poder en la Cámara baja. Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan a que ya se han dado los primeros contactos y que todo se cerrará, finalmente, este miércoles, un día antes de la constitución de las Cortes, cuando Díaz ha convocado una primera reunión del grupo parlamentario.

Las urnas otorgaron a Sumar 31 diputados de los cuales 10 son, propiamente, del entorno de Díaz; En Comú Podem, Podemos e IU tienen cinco escaños respectivamente; Más País y Compromís ostentan dos cada uno; y la Chunta Aragonesista y Més tienen uno. Con estas cifras, toca plantear el reparto de puestos en el que nadie quiere salir mal parado.

¿Qué hay que repartir?

En el acuerdo de coalición que entregaron ante la Junta Electoral Central, Sumar ya se reservaba la elección del portavoz en el Congreso. Esta semana, la formación hizo público que ese puesto recaerá en manos de Marta Lois, presidenta de Sumar. La vicepresidenta segunda en funciones se aseguró, además, que esto sea así durante toda la legislatura. Otro de los cometidos que ya está asignado es el de secretario general del grupo parlamentario, donde repetirá Txema Guijarro, muy cercano a la también ministra de Trabajo en funciones y, según denuncia él mismo, expulsado de la dirección de Podemos.

Aun así, quedan todavía varios puestos por repartir y, algunos de ellos, de gran importancia. A la espera de que se cierre la negociación de la Mesa del Congreso, Díaz deberá señalar a quién quiere en este órgano determinante en el día a día de la política. Además de visibilidad, este cargo implica una gran influencia en el ritmo de la legislatura ya que se encarga de ordenar los debates en la Cámara, y un plus económico considerable para el elegido. En esta legislatura, los morados tenían tres asientos ocupados por: Gloriza Elizo (abandonó Podemos), Gerardo Pisarello (En Comú Podem) y Javier Sánchez Serna (Podemos).

Aunque con menor relevancia, también falta por repartir la presidencia del grupo parlamentario, que hasta ahora ostentaba el dirigente de los ‘comuns’ Jaume Asens. Por último, queda pendiente el reparto de las presidencias de las comisiones. En las próximas semanas, todos los partidos de la Cámara deberá decidir distribuirlas entre las distintas formaciones agrupadas en Sumar. Tanto las presidencias como las portavocías en las comisiones llevan aparejado un extra salarial.

Peticiones y reglamentos

Ante este panorama, las distintas formaciones ya han empezado a plantear sus exigencias. Fuentes de IU esperan “tener la visibilidad y la representación en los órganos de dirección y la estructura del nuevo grupo parlamentario” que le corresponde con sus cinco diputados y Compromís, que siempre que se ha presentado en coalición ha reclamado después tener autonomía, tener una portavocía adjunta.

Además, en el acuerdo de coalición quedó recogido que el “funcionamiento del grupo parlamentario se regirá por un reglamento (…) que se acordará entre las fuerzas políticas que componen la coalición”. En este documento se deberá plasmar el reparto tanto del tiempo de intervención en los debates que tendrá cada formación así como el número de iniciativas que podrá registrar cada partido para su posterior votación en el pleno del Congreso.

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