Madrid reacciona. La Secretaría de Estado de Migraciones ha aprobado la situación de emergencia ante el repunte migratorio que se registra en Canarias. En lo que va de año han llegado a las Islas más de 24.500 personas, cifra sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006 cuando arribaron 31.678. Y no queda mucho para sobrepasar ese récord, al ritmo actual de más de 500 personas por día, bastarían dos semanas más de repunte para romper todas las estadísticas y que el 2023 se convierta en el año con más llegadas. Solo ayer –desde la madrugada– llegaron a las Islas 727 personas en ocho barcas. Con este contexto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido mover ficha y declarar la situación de emergencia en las Islas, un trámite administrativo que no requiere su aprobación en el Consejo de Ministros y permite agilizar los procedimientos de acogida. La emergencia declarada por el Estado se suma a la lista de declaraciones de urgencia aprobadas por el Gobierno autonómico: la climática, la energética, la social –ligada a los menores migrantes– y la hídrica en Lanzarote y Fuerteventura.
Esta herramienta del Gobierno central, contemplada en la ley de Contratos del Sector Público, permite actuar de manera inmediata ante acontecimientos sobrevenidos. Ya se utilizó durante la crisis migratoria de 2020, la crisis del Covid-19 y la llegada de desplazados ucranianos a España tras el estallido de la guerra en el este de Europa. En aquel momento el departamento que dirige José Luis Escrivá puso en marcha en apenas tres semanas un plan de acogida de personas procedentes del país invadido. «Es una herramienta que tiene una larga trayectoria en nuestro país», añaden fuentes del ministerio.
La declaración de la situación de emergencia se activa esta vez para cubrir las necesidades de atención a las personas migrantes, excluyendo algunas «obligaciones burocráticas que por trámite ordinario alargarían los procedimientos». De forma que agiliza las contrataciones para que se puedan abrir plazas y disponer de presupuesto de manera mucho más rápida y ágil.
Este mismo mecanismo se activó en 2020 cuando Canarias tuvo que hacer frente a un repunte de llegadas en plena pandemia mundial. Entonces la red de acogida estaba casi desmontada, hasta el punto de que la Secretaría de Estado de Migraciones tuvo que poner en marcha campamentos a toda prisa y convertir en albergues de emergencia hoteles sin actividad por la pandemia. Ahora, la situación es distinta aunque el flujo de pateras es mayor que entonces. Migraciones dispone ahora de una red que ronda las 6.000 plazas en el Archipiélago.
Los datos del 2020 llevan a pensar que todavía quedan muchas barcas que socorrer en las costas canarias de aquí a diciembre, ya que gran parte de los migrantes que llegaron a las Islas ese año de repunte lo hicieron en los últimos meses. Según los datos de los informes quincenales del Ministerio del Interior, entre el 15 de octubre del 2020 hasta final de año llegaron un total de 8.102 personas, lo que corresponde al 35% del total de llegadas de ese año. Si 2023 sigue esa tendencia, los números aumentarán hasta colocarse por encima de la crisis de los cayucos de 2006. En los primeros quince días de octubre de 2023 llegaron a Canarias en pateras más de 8.500 migrantes, cifras sin precedentes en los últimos 17 años.
Ante la similitud en las cifras, el Gobierno autonómico –CC y PP– lleva más de un mes reclamando al Estado que se active la misma fórmula que entonces: un mando único de gestión. Un sistema que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó el lunes en su visita a Canarias. Al ser preguntado sobre esta cuestión, el responsable del área se limitó a explicar que la labor de los distintos ministerios y entidades concernidas en esta materia está coordinada en la figura del teniente general del Mando Marítimo. Pero lo cierto es que las visitas de los ministerios implicados se desarrollan en cascada. El lunes fue Grande-Marlaska y mañana será el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de los recursos de acogida en las Islas.
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, defendió ayer la creación de un mando único y la puesta en marcha de una «política de país» para afrontar la situación. La popular criticó ayer el «caos» y la «descoordinación» del Gobierno que lidera Pedro Sánchez con la crisis migratoria de Canarias y pidió nuevas medidas con recursos materiales y humanos. Por ello, el partido ha presentado –a propuesta del vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en las Islas, Manuel Domínguez– una solicitud de comparecencia del ministro Grande-Marlaska en el pleno del Congreso de los Diputados.
Los populares buscan que el responsable del área dé cuenta de toda la información disponible en torno a la crisis migratoria. Además de informar sobre la responsabilidad de su ministerio en los «fallos de prevención, coordinación y gestión de la llegada masiva de inmigrantes irregulares». En la solicitud, firmada por 125 diputados, también se pide a Grande-Marlaska que explique las medidas que «piensa adoptar para evitar que se siga produciendo el flujo migratorio organizado por las mafias de tráfico de personas y paliar la crítica situación humanitaria generada».
Justamente ayer la Marina de Senegal detuvo a 164 personas sospechosas de querer emigrar del país de manera irregular. Grande-Marlaska anunció el lunes que reforzará durante mes y medio con un avión de la Guardia Civil la vigilancia que realiza en las costas de Senegal y Mauritania, para evitar que partan embarcaciones con migrantes.
El flujo migratorio hacia las Islas es intenso y constante, pero las derivaciones a la Península también lo son. El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apuntó el pasado lunes que de las más de 24.500 personas que han llegado al Archipiélago, solo queda en las Islas 5.000, aunque el dato va variando cada día debido a la llegada constante de barcas. El Gobierno central hace una gestión «integral y flexible» de todos los recursos de acogida a migrantes en España y lo lleva haciendo desde la crisis de 2020. Según fuentes del Ministerio, este modelo de gestión permite mantener un número limitado de personas en las Islas, que no supera los 3.500-4.000 personas. Los traslados han evitado que los sistemas de acogida en las Islas colapsen en un momento en el que la media de llegadas diarias es de 500 migrantes. Si las derivaciones no se produjeran a este ritmo, en las Islas se habrían acumulado más de 20.000 personas. Precisamente ayer el Ministerio activó un nuevo centro de acogida de emergencia en el Albergue juvenil El Prado de Mérida (Extremadura) hasta donde se desplazaron unos doscientos migrantes procedentes de Canarias. En el centro, gestionado por Cruz Roja, se prestarán labores de manutención, servicios jurídicos y psicológicos, entre otros. Además, podrá ser susceptible de ampliación en distintas fases en función de las necesidades de plazas que puedan surgir.
