El PSOE negocia con Sumar cambios legales para renovar el CGPJ sin el PP si se mantiene el bloqueo

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está encima de la mesa de negociación entre PSOE y Sumar que está utimando el programa de gobierno. Así lo trasladan fuentes directas de los equipos negociadores, con el objetivo de forzar un desbloqueo sin necesitar al PP. La única vía para ello pasaría tanto por rebajar el sistema de mayorías para la elección de los vocales, como ya se planteó en la pasada legislatura, como por sortear el Senado, con mayoría absoluta del PP. Como Gobierno en funciones, desde La Moncloa aducen que no están ahora mismo planteándose estas alternativas a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero avisan que el PP está “llevando al límite” su bloqueo. Consideran que no es asumible prolongarlo una legislatura más y profundizar la inestabilidad institucional, pues el mandato caducó en diciembre en 2018.

La prioridad, según señalan las mismas fuentes, es que “el PP cumpla la Constitución y la ley y renueve el CGPJ”. “Con que cumplan”, insisten, “se acabaría el problema”. Un escenario cada vez más alejado, consumada la ruptura de puentes entre Ferraz y Génova en el contexto de negociación de la investidura. Nada presagia un entendimiento entre los dos grandes partidos en asuntos de Estado si echa a andar la legislatura con el apoyo de los partidos independentistas, como se ratificó en las dos reuniones mantenidas entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el marco de sus respectivas investiduras.

En caso de ratificarse la persistencia del bloqueo, un ministro socialista, que siguió de cerca las negociaciones fracasadas durante la pasada legislatura, deja la puerta abierta a buscar soluciones alternativas. “Si el PP sigue bloqueando, ya veremos”, avanza sin concretar las diferentes opciones que valorarían.

Las negociaciones para el programa de coalición se están ultimando y desde los equipos encargados de estos contactos aseguran que “la renovación del CGPJ lógicamente está siendo objeto de negociación”. Tanto desde el PSOE como desde el partido de Yolanda Díaz apelan a la discreción para salvaguardar los términos en los que se valora forzar esta renovación.

La primera vez que se planteó la rebaja del sistema de elección de la mayoría reforzada de 210 diputados a una mayoría absoluta de 176, en segunda instancia, fue en octubre de 2020. Una iniciativa que registraron los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos. A los pocos días se congeló y, seis meses después, se retiró a instancia de los socialistas. Una decisión que se adoptó en medio de las advertencias de Bruselas. Las instituciones europeas alertaron sobre la falta de consenso para la reforma y sus consecuencias negativas sobre la independencia judicial.

El PSOE volvió a valorar la opción de cambiar el sistema de elección cuando se rompieron las negociaciones con el PP hacer ahora un año. Alberto Núñez Feijóo justificó su decisión de levantarse de la mesa, cuando el acuerdo estaba prácticamente cerrado, por la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición. La amenaza de la reforma legal es un arma de presión que siempre se utilizó para intentar devolver a los populares a la negociación. El PSOE nunca llegó a descartar por completo el cambio en el sistema de elección, pese a retirar el texto de la reforma. Ahora, en el Gobierno señalan que están centrados en las negociaciones para la investidura, pero tampoco quieren desechar ninguna opción. Sus esperanzas a que “el PP cumpla” son más bien retóricas y de denuncia sobre el hecho que los populares se sitúan fuera de la Constitución.

Al igual que Unidas Podemos en su momento, desde Sumar son favorables a forzar cambios legislativos para desbloquear el CGPJ. Si bien evitan detallar su propuesta, los morados propusieron para reforzar la legitimidad de la polémica reforma que, además de la mayoría absoluta para elegir a los vocales, hiciese falta el aval de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso. Este sistema de mayoría de votos, complementado con el respaldo de al menos la mitad los grupos parlamentarios, sería similar al que ya existe para la renovación del consejo de administración de RTVE.

Desánimo en el poder judicial

Por lo que respecta al Consejo General del Poder Judicial, entre sus miembros cunde el más absoluto desánimo desde que hace casi un año, el 28 de octubre de 2022, se constató la suspensión de las negociaciones que entonces parecían avanzar entre el PSOE y el PP para la renovación de un órgano que este próximo mes de diciembre cumplirá ya cinco años en funciones, lo que significa que sus vocales doblan el tiempo de mandato que les otorga la Constitución. En dicha ocasión, los populares justificaron su veto en los planes del Gobierno para reformar el delito de sedición, y desde entonces todos sectores jurídicos han venido a asumir que no habría acuerdo mientras durara la presente legislatura.

El adelanto electoral al pasado mes de julio hizo abrigar esperanzas, si bien las vicisitudes para llegar a una investidura y la irrupción en el debate político de la aprobación una ley de amnistía que beneficiaría a Carles Puigdemont y al resto de implicados en el ‘procés’ independentista en Cataluña hacen que la posibilidad de un acuerdo parlamentario entre las dos principales fuerzas políticas para renovar el órgano de gobierno de los jueces sea más improbable que nunca.

El bloqueo ha llevado además a una situación sin precedentes al Tribunal Supremo, que suma ya casi un tercio de sus 79 plazas sin cubrir -con el consiguiente efecto en el dictado de sentencias y el perjuicio a los ciudadanos- desde que en marzo de 2021 el Gobierno de coalición impulso una reforma legal que impide a sus vocales en funciones realizar nombramientos discrecionales. Con ello, el Ejecutivo buscó sin éxito forzar al PP a pactar la renovación si bien, por otro lado, logró evitar que los nombramientos en la cúpula judicial fueran realizados por un Consejo que debería haber dejado de ser mayoritariamente conservador en diciembre de 2018.

Alerta por la nueva reforma

El último episodio del desencuentro se ha producido hace tan solo unas semanas, cuando la mayoría progresista del Tribunal Constitucional rechazó el primero de los recursos presentado por Vox y el PP contra la citada reforma. La alarma, en todo caso, la ha despertado en los sectores más conservadores de la legislatura un párrafo concreto de la sentencia del órgano de garantías. En él se dice que “no existe una definición constitucional excluyente del sistema de nombramiento que de los vocales del CGPJ, siendo posible, dentro del marco constitucional, que la propuesta para su nombramiento proceda en todo o en parte del Congreso o del Senado”.

Desde el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial advierten que esta frase, como precedente jurisprudencial, valida que el PSOE y sus socios puedan emprender una nueva reforma dirigida a ‘hurtar’ al Senado su capacidad para elegir seis de los vocales de origen judicial, que podrían pasar ahora a ser cosa de un Congreso de los Diputados. De este modo, la mayoría progresista en la cámara baja lograría el control sobre la designación un total de 16 vocales (los judiciales más los cuatro juristas de reconocido prestigio que le corresponde), sorteando así el bloqueo del PP para el acuerdo de renovación.

El pasado viernes, el Tribunal Constitucional irrumpió en la polémica a través de un comunicado oficial en el que niega que la citada frase suponga abrir la puerta a cambios en la designación de vocales. Según la nota, la resolución no dice nada “sobre la futura renovación del Consejo”, y “solo una lectura fuera de contexto de la sentencia y su divulgación han generado una falsa polémica”. Al mismo tiempo, confirma que el texto se limita a “describir el marco constitucional” y el “campo de acción del legislador”, que pude optar por el sistema de nombramiento que considere.

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