Inmigrantes de Florida en alerta ante proyecto que elimina identificaciones comunitarias

El Legislativo de Florida avanza en un proyecto de ley que podría suprimir la validez de las identificaciones comunitarias, una medida que ha generado preocupación entre la comunidad de inmigrantes en el estado y que, de ser aprobada, podría privar a los indocumentados de acceso a servicios esenciales.

Impulsada por el senador Blaise Ingoglia, la iniciativa ha superado tres comités del Senado estatal y se acerca al debate en el pleno, controlado por el Partido Republicano.

En sintonía con una propuesta similar aprobada el año pasado, que impide que los gobiernos locales financien organizaciones que emiten estas identificaciones, la propuesta de Ingoglia prohíbe directamente a los condados y ciudades aceptar estas tarjetas o IDs.

La medida ha generado críticas, especialmente entre la comunidad de inmigrantes. Danielle Chanzes, residente dominicana del condado de Alachua, expresó su preocupación, argumentando que estas identificaciones son vitales para diversas personas, incluidos indigentes, exconvictos y ancianos, ya que les permiten acceder a servicios básicos como el transporte público, bibliotecas o recoger a sus hijos de la escuela.

La filial de Florida de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) calificó la propuesta como una “grave extralimitación del gobierno”, y señaló que en lugar de restringir la vida de los floridanos, los legisladores deberían centrarse en mejorar el estado.

Desde la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), destacan que estas identificaciones cuentan con el respaldo de las fuerzas de seguridad locales, ya que son herramientas importantes para la seguridad pública.

El senador republicano Ingoglia justificó su propuesta argumentando que estas identificaciones son un “imán” para la inmigración indocumentada.

Thomas Kennedy, portavoz de FLIC, consideró que la medida es parte de la retórica antiinmigrante y “trumpista” que ha prevalecido en el estado en los últimos años.

Con la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes estatal, las organizaciones civiles están preparadas para tomar acciones legales si es necesario para proteger a los beneficiarios de estas identificaciones comunitarias.

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