Aunque Honduras no está en guerra, miles de familias han sido forzadas a abandonar sus hogares para escapar de la violencia, en una situación comparable a la de países en conflicto.
Pandilleros y narcotraficantes obligan a estas familias a irse, utilizando sus viviendas como puntos de vigilancia, para la venta de drogas al menudeo, o como “casas locas”, lugares de horror donde se cometen los crímenes más atroces.
Las pandillas y los narcos mantienen un “minigobierno” en los territorios que controlan, según la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Ombudsman), que cuenta con una unidad dedicada al “desplazamiento forzado interno”.
En 2023, esta oficina recibió 1.761 denuncias por desplazamiento forzado. Sin embargo, un estudio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que entre 2004 y 2018 se registraron 247.000 casos en Honduras.
“ACNUR está presente en Honduras, trabajando en la prevención y respuesta al desplazamiento forzado”, afirma Kathryn Lo, representante de esta agencia. Lo explica que ACNUR asiste a las víctimas y asesora al gobierno en la formulación de políticas para abordar este problema.
Las personas huyen debido a “amenazas, extorsión, asesinatos de miembros de la familia, despojo de bienes y propiedades, y reclutamiento de niños”, explica Elsy Reyes, jefa de Movilidad Humana de la oficina del Comisionado. “Incluso les dan un plazo de 24 horas para salir”, agrega Reyes.
Hablar con personas desplazadas no es fácil, ya que temen aparecer en los medios de comunicación.
Casas vacías
Pandilleros y narcotraficantes han convertido a Honduras en uno de los países más violentos del mundo sin estar en guerra. También han dejado un rastro de miles de casas abandonadas.
En 2023, la tasa de homicidios fue de 38 por cada 100.000 habitantes, seis veces más que el promedio mundial. Aunque esta cifra ha disminuido, pues en 2013 era de 79, el impacto sigue siendo devastador.
El Registro de la Propiedad está llevando a cabo un conteo de “hogares abandonados”, que hasta 2018 ascendían a 50.000, según Reyes.
Hace unas semanas, unos pandilleros obligaron a una familia a dejar su casa en alquiler en Mirador de Oriente, una barriada de clase trabajadora en Tegucigalpa. La vivienda, desocupada, fue alquilada a una joven pareja que se mudó el 23 de junio con la ayuda de tres amigos. Sin embargo, al llegar, los cinco fueron secuestrados. Sus cuerpos fueron hallados una semana después en una montaña cercana, en un crimen atribuido a la temida pandilla Barrio 18, que dejó seis sospechosos detenidos.
Huyen del país
Además de los desplazados internos, miles de hondureños han abandonado el país para escapar de la violencia. “Es un incremento gradual cada año”, señala Lo.
Según cifras de ACNUR, en 2014 había 14.305 hondureños “refugiados o solicitantes de asilo” en otros países. En 2023, esa cifra se disparó a 301.236, con la mayoría en Estados Unidos y México.
Los desplazados internos y aquellos que buscan refugio en el exterior suman “más de medio millón, dentro de una población de diez millones”, lo que representa “el 5% de la población” hondureña, resalta Lo.
“No es fácil resolver esta situación”, añade, aunque destaca como un avance la aprobación en 2023 de la “Ley sobre prevención, protección y atención de personas desplazadas internamente”, que estipula “proveer alimentación” y “pago de vivienda hasta por seis meses” a las víctimas.
El Estado también
Para combatir a las pandillas, las autoridades impusieron en diciembre de 2022 un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Bajo esta norma, el gobierno izquierdista de Xiomara Castro ha desplegado a miles de policías y militares en todo el país.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, asegura que los arrestos de prófugos han aumentado en un 85%, con 12.000 armas decomisadas y 4.500 miembros de pandillas o cárteles de drogas detenidos.
Sin embargo, estas redadas policiales también han incrementado los desplazamientos forzados, según la oficina del Ombudsman. “El estado de excepción ha tenido un fuerte impacto en el desplazamiento forzado. Hemos identificado casos en los que, tras recibir constantes allanamientos por parte de la Policía Nacional, las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares”, dice Reyes.
Por ello, “el desplazamiento no solo es causado por individuos o estructuras criminales, sino también por el Estado, incluso por operadores de justicia”, concluye Reyes.
