Estados Unidos está evaluando posibles medidas contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para demostrarle que sus decisiones políticas tienen consecuencias y como represalia por la orden de detención del opositor Edmundo González Urrutia.
En una conversación con medios este martes, John Kirby, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró: “En coordinación con nuestros socios, estamos considerando una variedad de opciones para demostrarle al señor Maduro y a sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias”.
Kirby subrayó que estas medidas se están contemplando en respuesta a la orden de arresto contra Edmundo González por presuntamente incitar a la violencia, una acusación que, según él, “no es precisa”. Añadió que este caso es “otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza y por negarse a reconocer que el señor González ganó la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de julio”. Kirby no especificó la naturaleza exacta de las posibles sanciones.
El lunes, la Fiscalía de Venezuela solicitó a un juzgado especializado en delitos de terrorismo que emitiera una orden de arresto contra González Urrutia, candidato de la principal coalición opositora. La solicitud se basa en la “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documentos públicos” relacionados con las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio.
La solicitud de arresto se produjo después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones, y él decidiera no presentarse debido a la falta de claridad sobre los cargos y el desconocimiento de los delitos que le imputaba el Ministerio Público.
Kirby recordó que en los últimos meses, Estados Unidos ha “aplicado y ajustado” sanciones contra Venezuela, considerando tanto los intereses de EE.UU. como las acciones y omisiones de Maduro y sus representantes.
La última acción importante contra el gobierno venezolano fue el decomiso el lunes del avión oficial de Maduro. La aeronave, un Dassault Falcon 900EX, fue confiscada en República Dominicana por orden de las autoridades estadounidenses y trasladada a Florida. EE.UU. alegó que el avión, adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares, pertenece a Maduro y a personas asociadas a él en Venezuela.
En respuesta, el gobierno venezolano anunció que se reserva el derecho de tomar acciones legales para reparar el daño y calificó el incidente como una “práctica criminal”.
En abril pasado, Estados Unidos había revertido parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, acusando a Maduro de incumplir sus compromisos electorales al inhabilitar a la candidata opositora María Corina Machado.
