Este miércoles, cientos de campesinos e indígenas de Honduras marcharon en Tegucigalpa para exigir justicia por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, y por el reciente homicidio de Juan López, el 14 de septiembre.
La manifestación, que reunió a mujeres, niños y hombres, partió desde el Parlamento hasta la Casa Presidencial. Los participantes exigieron la ratificación de las condenas a ocho hombres por el homicidio de Cáceres y la aclaración del asesinato de López.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del cual Cáceres era coordinadora y cofundadora, advirtió que “la impunidad en el caso de Berta Cáceres representa un riesgo que perpetúa los asesinatos de defensores de derechos humanos y del territorio” en el país, como se evidenció en el reciente caso de Juan López.
Convocados por la Plataforma Agraria, los manifestantes se concentraron en las afueras de la sede del Ejecutivo para instar al Tribunal Supremo de Honduras a confirmar la sentencia a Roberto David Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), quien es considerado “coautor intelectual” del asesinato de Cáceres, debido a su oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Cuatro de los ocho acusados fueron condenados en 2019 a 34 años de prisión por el crimen de Cáceres y 16 años por el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres enfrentan sentencias de 30 años como coautores del delito.
A pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a múltiples amenazas de muerte, Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por su oposición a la hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, que afectaba al pueblo lenca.
Los manifestantes, portando mantas y pancartas que reclamaban sus derechos, pidieron a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que cumpla con las promesas realizadas al asumir el poder. Exigieron al Gobierno que proteja la vida de quienes defienden los territorios y los derechos humanos, y que garantice justicia para Berta Cáceres, Juan López y todos los “mártires de la defensa ambiental”.
Además, demandaron una investigación “pronta, transparente y diligente” para que el asesinato de Juan López no quede impune, considerando “imperativo” que las autoridades aseguren justicia para el ambientalista y todos los defensores ambientales que han perdido la vida en su lucha por proteger los territorios.
Juan López, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, defendía el río Guapinol y se oponía a un proyecto minero que amenazaba al Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”. Hasta la fecha, el Ministerio Público de Honduras ha acusado a 13 personas, incluidos empresarios del proyecto minero, por daños ambientales en el parque.
