Centenares de campesinos e indígenas de Honduras marcharon este miércoles en Tegucigalpa para demandar justicia por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, y el de Juan López, sucedido el 14 de septiembre pasado.
La manifestación, que reunió a mujeres, niños y hombres, partió desde el Parlamento hasta la Casa Presidencial, donde los asistentes exigieron la ratificación de las condenas a ocho hombres implicados en el homicidio de Cáceres y la aclaración del asesinato de López.
Según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del cual Cáceres era coordinadora y cofundadora, “la impunidad en el caso de Berta Cáceres pone en riesgo la vida de otros defensores de derechos humanos y del territorio” en el país, como lo demuestra el reciente asesinato de Juan López.
Convocados por la Plataforma Agraria, los manifestantes se concentraron frente a la sede del Ejecutivo para pedir al Tribunal Supremo de Honduras que confirme la sentencia a Roberto David Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), quien es señalado como “coautor intelectual” del asesinato de Cáceres, en oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Cuatro de los ocho acusados fueron condenados en 2019 a 34 años de prisión por el crimen de Cáceres y a 16 por el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres recibieron sentencias de 30 años de cárcel como coautores del crimen.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de denunciar múltiples amenazas de muerte por su oposición a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, que afectaría a la comunidad lenca.
Los manifestantes, portando mantas y pancartas en reclamo de sus derechos, pidieron a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que cumpla las promesas hechas al asumir el poder. Exigieron que el Gobierno proteja la vida de quienes defienden los territorios y los derechos humanos, así como que garantice justicia para Berta Cáceres, Juan López y todos los “mártires de la defensa ambiental”.
Además, demandaron una investigación “pronta, transparente y diligente” para que el asesinato de Juan López no quede impune, enfatizando la necesidad de que las autoridades aseguren justicia para él y todos los defensores ambientales que han perdido la vida en la lucha por proteger los territorios.
Juan López, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, defendía el río Guapinol y se oponía a un proyecto minero que afecta al Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”.
En este caso, el Ministerio Público de Honduras ha acusado a 13 personas, incluidos empresarios del proyecto minero, por daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos.
