En 2015, Fausia, una defensora indígena del derecho al territorio del pueblo Nahua en Honduras, fue atacada por dos hombres; uno de ellos la violó sexualmente en represalia por su labor, con la intención de despojarla de su tierra. Este año, su caso ha llegado al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde se está evaluando. La organización Centro de Derechos Reproductivos busca que el organismo internacional ayude a establecer estándares en torno al aborto y al acceso a métodos anticonceptivos, incluida la pastilla de emergencia, conocida como “del día siguiente”.
Tras quedar embarazada como resultado de la agresión sexual, Fausia enfrentó un gran sufrimiento físico y mental. En ese momento, la pastilla anticonceptiva de emergencia estaba prohibida en Honduras; su uso se autorizó recién en 2023, lo que le impidió acceder a esta alternativa.
Fausia estaba decidida a interrumpir su embarazo, pero al acudir al hospital, el personal médico la intimidó y amenazó con denunciarla si decidía abortar. Meses después, se convirtió en madre de manera forzada.
“Antes de que sucediera esto, tenía un proyecto de vida personal, quería continuar mis estudios, pero todo se truncó con este embarazo. Marcó mi vida de manera significativa; los cambios fueron demasiado fuertes. Si hubiera podido evitarlo, mi situación sería diferente. No me habría enfrentado a tantas dificultades como madre a la fuerza”, relata en una grabación de su testimonio presentado ante Naciones Unidas.
Aborto en Honduras: un contexto crítico
Se anticipa que, gracias al caso de Fausia, esta será la primera vez que un comité internacional declare a Honduras responsable de su prohibición absoluta del aborto. Junto con Nicaragua y El Salvador, es uno de los pocos países de América Latina que no permite, bajo ninguna circunstancia, la interrupción legal del embarazo. En el Caribe, Surinam, Haití, República Dominicana y Jamaica también mantienen una prohibición total. Mientras que otras naciones de la región permiten el aborto solo en casos específicos, países como Uruguay, Guyana, Guyana Francesa, Cuba, Argentina y Colombia contemplan el aborto voluntario a solicitud de la mujer según la etapa gestacional.
En México, aunque la Suprema Corte de Justicia y otras decisiones judiciales han establecido que las mujeres tienen derecho a decidir y que penalizar el aborto es inconstitucional, su consideración como delito persiste en 19 de los 32 estados.
Un cambio necesario
El caso de Fausia no solo podría sentar un precedente para los países de la región que aún prohíben el aborto de forma absoluta, sino que también contribuiría a establecer estándares internacionales más sólidos en torno al acceso integral a la salud sexual y reproductiva, incluido el derecho a la educación sexual.
“Particularmente, queremos que el Comité reconozca que no es suficiente liberalizar el aborto por causales o por etapas gestacionales. Lo que realmente debería suceder es eliminar la penalización del aborto en el Código Penal. Esta es una conversación que está ocurriendo en México y Colombia, y queremos que se aborde también en el ámbito internacional y regional”, señala Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
La voz de muchas mujeres
Para Fausia, el análisis de su caso por parte de las Naciones Unidas es vital, ya que representaría la voz de muchas mujeres que sufren violencia. Debido a las amenazas de sus agresores y a la falta de protección por parte del Estado de Honduras, ha tenido que abandonar su hogar y desplazarse con su familia en múltiples ocasiones. Sin embargo, no cesa en su lucha.
“Decidí llegar hasta las últimas instancias para esclarecer el caso y buscar justicia. En mi país, difícilmente sería escuchada debido al contexto en el que se desarrollan las leyes”, explica en su testimonio.
El Centro de Derechos Reproductivos subraya que el caso de Fausia es un claro ejemplo de las múltiples violaciones a los derechos humanos que derivan de la penalización de un servicio esencial de salud. Esta situación afecta a todas las personas que requieren un aborto, especialmente a quienes están en situación de vulnerabilidad, como las sobrevivientes de violencia sexual.
Demandas al Estado hondureño
Para que la historia de Fausia no se repita, la organización solicita ante las Naciones Unidas que el Estado hondureño garantice el acceso al aborto en condiciones seguras, restituya derechos fundamentales y ponga fin a la penalización de la interrupción del embarazo. Asimismo, exige garantías para el acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia, particularmente para sobrevivientes de violencia sexual, y la protección del secreto profesional médico.
“La marea verde me motivó a involucrarme en este proceso; se ha convertido en un símbolo de lucha que también inspira a las mujeres de América Latina y de otras regiones a unirse en la defensa de nuestros derechos y los de aquellas que no pueden alzar la voz por temor”, concluye Fausia.
Según datos de la Secretaría de Salud de Honduras, cada día, tres niñas menores de 14 años son forzadas a continuar embarazos resultantes de violaciones. En los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus leyes para ampliar el acceso al aborto, incluidos algunos en Latinoamérica, como Colombia y Argentina, así como México a nivel local. Solo cuatro países, incluido Honduras, han retrocedido en sus legislaciones.
