El Ministerio Público de Honduras presentó este jueves una acusación formal contra el exalcalde de Tegucigalpa y actual precandidato presidencial, Nasry Asfura, junto a otros siete exfuncionarios, por presuntos delitos de lavado de activos, malversación de fondos públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), dependiente del Ministerio Público, solicitó a la justicia que proceda contra Asfura y sus colaboradores, según se detalló en un comunicado oficial. La acusación describe un esquema de desvío de fondos públicos y posterior lavado de dinero, ejecutado por antiguos empleados de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa. Se estima que unos 28,5 millones de lempiras (aproximadamente 1,14 millones de dólares) fueron desviados “de manera sistemática y premeditada para beneficio personal y de terceros”.
Entre los acusados, además de Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, se encuentran Cinthia Borjas y Nilvia Castillo, quienes enfrentan cargos por lavado de activos, malversación, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. Otros implicados, como Mario Zerón y Rony López, han sido acusados de fraude y violación de los deberes de los funcionarios; mientras que Wilmer Rodríguez, Roger Amador y Óscar Uriarte enfrentan cargos por lavado de activos y fraude.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2018 mediante la emisión de 32 cheques a nombre de Nasry Asfura, Cinthia Borjas y Nilvia Castillo. Estos fondos fueron solicitados al banco que administra el fideicomiso de la Alcaldía bajo pretextos de “fondos rotatorios, especiales y reembolsos de gastos”. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los cheques se depositaron en cuentas personales de los acusados, y posteriormente los fondos se destinaron al beneficio de individuos y empresas vinculadas a Asfura.
Además, se alega que parte de este dinero se utilizó para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la Alcaldía, pagar tarjetas de crédito de Asfura y su familia, así como para la compra de bienes personales, incluyendo joyas.
En octubre de 2020, la Fiscalía solicitó un antejuicio para retirar la inmunidad de Asfura, quien en ese momento era también precandidato presidencial. Según el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, las pruebas presentadas demuestran de manera contundente el desvío de más de 28 millones de lempiras de las arcas municipales.
Sin embargo, el 1 de junio de 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras revocó temporalmente un fallo previo de la Corte de Apelaciones que aceptaba la solicitud de antejuicio contra Asfura.