En un comunicado, recuerdan que esta lleva vigente desde la época franquista y es «un obstáculo» para la investigación de graves violaciones de derechos humanos y para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, «amparándose bajo la consideración de secreto«.

Ponen varios ejemplos, como la «falta de transparencia del Gobierno» respecto a los acuerdos migratorios con Marruecos, la investigación sobre crímenes del franquismo y en la lucha contra el terrorismo o la vigilancia «masiva» con el sistema Pegasus.

Instan al Gobierno, si «tiene el compromiso de acabar con este secretismo» y reformar la ley para que responda adecuadamente a los compromisos de derechos humanos, a informar acerca del calendario estimado al respecto, y que se tengan en cuenta una serie de recomendaciones.

Entre ellas, Amnistía Internacional señala que se debe garantizar un procedimiento de clasificación y desclasificación de la información pública que obligue a las autoridades a demostrar la necesidad y proporcionalidad de la medida, así como su propósito genuino de proteger un interés legítimo de seguridad nacional.

A su juicio, la nueva ley debe evitar que la clasificación de información recaiga sobre materias de forma genérica y debe priorizar la clasificación parcial, con un plazo preestablecido.

También se deben incluir mecanismos de control independientes sobre las decisiones gubernamentales de clasificar o no desclasificar información, asegurando en todo caso el control judicial sobre dichas decisiones.

Consideran «importante» que quede claro con esta nueva ley que las violaciones graves de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y las violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos a la libertad y seguridad personal son líneas rojas sobre las que debe haber transparencia. EFE