HNIMPARCIAL Con reforma eléctrica, desbanda de empresas

Con reforma eléctrica, desbanda de empresas

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La contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el mundo en contra. La apuesta por devolver el monopolio de la electricidad a la CFE y minimizar la participación de los privados ha sacado chispas por todos lados. No sólo las empresas nacionales y extranjeras que operan en México se han quejado de la iniciativa; también las organizaciones ambientalistas, el Departamento de Energía, los congresistas y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar; la oposición legislativa y el grueso de los especialistas la han descalificado con argumentos sólidos.

El Presidente y los funcionarios que apoyan su aventura se han ido quedando solos. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de la CFE, Manuel Bartlett, son prácticamente los únicos integrantes del gabinete que defienden a capa y espada una reforma que, si bien no nació muerta, tiene escasas posibilidades de ver la luz.

Todo indica que la presión de Estados Unidos y Canadá será determinante para frenar las intenciones reformadoras de la 4T, por lo que se anticipa que, si pasa, la iniciativa quedará, en el mejor de los casos, como una renegociación de los contratos con las empresas.

Los dos esquemas que más enojan al Presidente, a Nahle y a Bartlett son las sociedades de autoabasto, donde están las empresas generadoras y sus socios, quienes se benefician de las bondades de estos contratos. Hablamos de firmas como Iberdrola, FEMSA (Oxxo), Bimbo, Pepsico, Coca-Cola, BBVA, Walmart, Soriana, Telcel, AT&T y muchas más. El otro esquema son los productores independientes que tienen contratos de largo plazo que obligan a la CFE a comprarles la energía que producen.

Dichos contratos son los que van a terminar renegociándose en términos parecidos a los de los gasoductos, donde también confluían los intereses de empresas canadienses, estadounidenses y los grandes magnates mexicanos. En estos, la CFE se ahorró dinero a corto plazo, pero terminará pagando más.

La amenaza de GM, una de las principales automotrices del mundo –ícono, junto con Ford, de esa industria en Estados Unidos– de sacar sus inversiones del país por la falta de un marco normativo que establezca parámetros claros sobre la transición energética y las energías limpias es apenas la punta del iceberg con el que podría estrellarse el gobierno de la 4T y el país en su conjunto.

La inversión extranjera que ayer presumió la Secretaría de Economía, de Tatiana Clouthier, de 24 mil 831 millones de pesos en los primeros nueve meses de 2021, y de la cual 50% provino de Estados Unidos, podría deteriorarse rápidamente si la contrarreforma al sector eléctrico avanza en el Congreso.

Una muestra de ello es que la inversión financiera de los extranjeros –es decir, la tenencia de valores gubernamentales– disminuyó estrepitosamente entre enero y octubre de 2021. Salieron en total 266 mil millones de pesos de inversiones foráneas, en buena medida por la incertidumbre que representan políticas anti-empresa como la reforma eléctrica. Esta fuga de capitales ha presionado al peso mexicano, por lo que en los últimos días el tipo de cambio se ha mantenido cerca de 21 unidades. En lo que va del año la moneda nacional acumula una depreciación cercana a 5%, pero en un escenario de posible aprobación de la contrarreforma eléctrica, podría devaluarse otro 5% o 10%.

Por lo pronto, la alerta que encendió GM sobre los planes de frenar o llevar sus inversiones a otros países, se replicaría en casi todas las industrias del país. Los multimillonarios del Consejo Mexicano de Negocios y del Grupo de los 10 de Monterrey están en esa misma línea. No se diga el resto de las pequeñas, medianas y grandes compañías representadas en el Consejo Coordinador Empresarial.

Una fuga de capitales como no la hemos visto en las últimas dos décadas y media podría convertirse en realidad si se toca una de las fibras más sensibles para los inversionistas: la confianza y la certeza de que su dinero está protegido por un marco jurídico que se respeta.

Lozoya, más plazos… ¿y la reparación del daño?

El juicio que sigue Emilio Lozoya en paralelo al de Odebrecht, es el de Agronitrogenados. Al exdirector de Pemex se le acusa de comprar una planta de fertilizantes a sobreprecio por un acuerdo ilícito con su exsocio y amigo Alonso Ancira, quien la semana pasada dijo que va a pagar por adelantado 50 millones de dólares de los 220 que acordó como acuerdo reparatorio por este mismo caso. Veremos si cumple.

El asunto con Lozoya, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 3 de noviembre, es que no le aplica un acuerdo reparatorio. En el caso de Agronitrogedos, por el cual ayer el juez José Artemio Zúñiga otorgó 14 días más a su defensa, su abogado ha ofrecido pagar un total de 5 millones de dólares con tres inmuebles.
Sin embargo, el 11 de noviembre el también exdirector de Pemex, Carlos Treviño, dirigió un escrito al fiscal general de la República en el que advierte que el daño que Lozoya causó al Estado es mucho más que el dinero que recibió por parte de Odebrecht y por la compra a precio excesivo de Agronitrogenados.

Treviño escribió al fiscal Alejandro Gertz Manero en calidad de denunciante, ya que él participó en las dos denuncias que Pemex interpuso con respecto a Agronitrogenados y Odebrecht, mismas que hoy son las que tienen a Lozoya en prisión preventiva. Dichas denuncias se presentaron en 2017, durante la gestión de José Antonio González Anaya como director general y Carlos Treviño como director Corporativo de Administración.

Treviño da a conocer que la razón por la cual Lozoya lo involucra en la denuncia que presentó el 20 de agosto de 2020 es en venganza por haber participado en la integración de la información para las denuncias que presentó Pemex.

En el escrito presentado al fiscal se expone que a los pocos días de que Lozoya llegó como director general a Pemex, el 3 de diciembre de 2012, Pemex Gas y Petroquímica Básica firmó un convenio modificatorio al contrato de venta de etano a Braskem-Idesa, para renunciar de manera irrevocable a la cláusula de inmunidad a la que Pemex tenía derecho.

El que Lozoya haya hecho que Pemex renunciara a la inmunidad soberana ha costado al Estado más de 2 mil 800 millones de pesos; por eso es imposible, como se dijo en la conferencia de prensa del presidente López Obrador el 12 de noviembre, que Pemex acepte 5 millones de dólares como reparación de los daños.

Las investigaciones pendientes en la UIF

El relevo en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría mantener inconclusas algunas de las investigaciones en curso que dejó su anterior titular, Santiago Nieto, muchas de ellas relacionadas con los cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto.

Uno de estos casos podría ser el de Jorge Francisco Corona Méndez, quien fungió alrededor de 15 años como secretario auxiliar de Peña Nieto, desde su paso por la Cámara de Diputados en 2003, hasta la Presidencia. Una vez concluido el sexenio, corrió a tomar posesión como diputado suplente del “Niño Verde”, Jorge Emilio González.

La LXIV Legislatura concluyó y también el fuero de Corona Méndez, quien permanece inquieto ante la posibilidad de que Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF, continúe la investigación en su contra, la cual sabe que dejó pendiente Santiago Nieto antes de su boda y su casi simultánea renuncia.

Consubanco, perspectiva estable

Fitch Ratings mantuvo en perspectiva estable la calificación de Consubanco S.A. institución de banca múltiple. La nota quedó en A- y F2 en la escala internacional de riesgo emisor en monedas extranjera y local de largo y corto plazo durante el tercer trimestre de 2021.

La calificadora reconoció la capacidad de la institución bancaria que dirige Alfredo Flores Ibarrola para administrar el riesgo de refinanciamiento, conservar niveles adecuados de liquidez y demostrar que su franquicia de depósitos continúa mejorando, por lo que se posiciona como una institución con estabilidad en el mercado, en un contexto aún de recuperación incipiente en la banca.
 

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