Se trata de una pregunta al Gobierno que, según ha revelado el propio senador, cursó acogiéndose al artículo 160 del Reglamento de la Cámara para que fuera informado «de los pagos supuestamente realizados» para acallar estas manifestaciones, así como sus fechas, su cuantía, conceptos y «personas que se han podido beneficiar».

En la pregunta registrada para su contestación por escrito Carles Mulet evita mencionar expresamente a Bárbara Rey o al rey emérito.

En su lugar se refiere a «las noticias que periódicamente aparecen y ahora de nuevo han vuelto a la actualidad sobre el posible uso de fondos reservados del Estado por el entonces CESID o ahora CNI u otros organismos o personas en nombre del Estado», para «supuestamente acallar las relaciones de personas del mundo del espectáculo con altos cargos del Estado».

El presidente del Senado, Ander Gil, le comunica en un escrito firmado el pasado 20 de diciembre que la Mesa acordó no tramitar su pregunta «ya que el contenido es contrario a la regulación en materia de secretos oficiales» y le informa de que puede pedir su reconsideración.

Este argumento es similar al que han manejado el PSOE y el PP al anticipar que otra petición suya cursada para que Bárbara Rey comparezca en el Senado para aclarar si recibió dinero de los fondos reservados será rechazada por la Mesa de la Comisión de Interior.

La gestión y el destino de los fondos reservados están sujetos a control parlamentario a través de la Comisión expresamente constituida en el Congreso con este fin, también conocida como Comisión de Secretos Oficiales.

En el comunicado que acompaña a la respuesta de la Mesa del Senado, Carles Mulet insiste en destacar las «prácticas de incontinencia sexual y adúltera del monarca emérito» que habrían motivado el pago de dinero opaco a la exvedete, quien según él está «en la lista de espera de peticiones de comparecencia».

Y argumenta que el control parlamentario de los fondos reservados reconocido en la ley reguladora de los gastos reservados de 1995 es una «excusa» porque la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso «no suele reunirse prácticamente nunca» y sus acuerdos «no pueden hacerse públicos de ninguna manera».

También dice que se trata de hechos «muy graves» porque la supuesta «incontinencia» de Juan Carlos I «es un rumor constante» y proclama que «es una vergüenza que no se permita saber a la población en qué se han gastado sus recursos públicos» y «para pagar los favores sexuales de una persona indigna como el anterior monarca». EFE