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Sembrando Vida acabó con 70 mil hectáreas de suelo forestal: estudios

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El Programa Sembrando Vida podría haber incentivado la pérdida de más de 70 mil hectáreas de coberturas forestales en México durante 2019, su primer año de operación.  Así lo estableció el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) en una evaluación independiente del Programa presentada en marzo pasado, donde se especificaba que sus estrategias tuvieron un impacto negativo en coberturas forestales y en las metas de mitigación de carbono; sin embargo este programa gubernamental fue una de las grandes apuestas en la COP26, defendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el programa más importante de reforestación a nivel mundial.

La vigesimosexta Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de la ONU (COP26), que está a punto de concluir en Glasgow, ya es vista como la última oportunidad desperdiciada para luchar contra los efectos climáticos que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y energética, así como el acceso al agua de millones de personas.

 Los 197 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aún discuten, sin grandes avances, varios artículos del Acuerdo de París, que establece el objetivo de  mantener el calentamiento global este siglo por debajo de 2°C, mientras se continúan los esfuerzos para que permanezca por debajo de 1.5°C.

Con el aumento a 1.5 °C, la pérdida de la biodiversidad sería grave; pero si ascendiera a 2 °C, el problema sería irreversible por la desaparición de especies de plantas, animales, insectos, e incluso se proyecta la muerte de casi la totalidad de los arrecifes de coral. Para evitar esto se buscan tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones para 2030 hasta alcanzar el cero neto a mediados de siglo. Por otra parte, se deben impulsar estrategias  de adaptación y resiliencia ante el desesperanzador panorama.
 

Hace una semana, más de 100 líderes mundiales reafirmaron sus compromisos en la COP26 para detener y revertir la pérdida forestal y la degradación de la tierra para 2030. Anaid Velasco, Gerente de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra (2021) se basa en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques (2014). El acuerdo de reforestación al que se adhirió recientemente México es una actualización del acuerdo efectuado en EU que hablaba de reducción de emisiones, restaurando la cobertura forestal.

“México es de los primeros países que se suman al llamado global (para bajar las GEI), pero el reto al interior del país es muy grande”. Anaid Velasco. Gerente del CEMDA

Este compromiso se está refrendando y coincide con Sembrando vida, pero la especialista puntualiza que no significa que este acuerdo haya sido inspirado por el programa lanzado por el gobierno actual, tal como también lo señaló López Obrador. “Es interesante ver cómo se alineará la aplicación de este acuerdo con Sembrando Vida porque el enfoque de este programa no es de restauración forestal. Se trata de un programa con la intención de revitalizar el campo y de paso obtener algunos efectos ambientales, pero no son su principal objetivo”. Por otro lado, destaca  que tal como lo han subrayado diversos estudios científicos, los estudios sobre la metodología de Sembrando Vida han demostrado que no es la mejor para implementar en términos ambientales porque lo que ha ocasionado es pérdida de cobertura forestal nativa.

“Si la apuesta para reforestar el país es Sembrando Vida, se tiene que cambiar la metodología y hacer más transparente el manejo de recursos e indicadores. Se deben hacer estudios de la mano de autoridades locales de las especies que puedes promover. En materia forestal, el otro tema es el seguimiento, pues se pueden sembrar un millón de árboles y eso queda asentado, pero no se sabe cuántos realmente sobreviven porque con cambios de administración no hay seguimientos”. Otro reto que establece es el reporte de presupuesto en el sector ambiental, donde se tienen que contemplar las facultades de inspección y vigilancia a cuestiones como la tala ilegal y que también sean compatibles con los temas relacionados a incendios.
Metano: del dicho al hecho

Según el Informe sobre la brecha de las emisiones del 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la pandemia desencadenó una ligera disminución a corto plazo del dióxido de carbono, pero algunos contaminantes como el óxido nitroso y el metano se mantuvieron al alza. Se calcula que 68% de las emisiones globales vienen de sólo 10  países. México ocupa el onceavo lugar y contribuye con el 1.68%. Las principales fuentes de emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el  país son:   transporte,  generación de electricidad y  actividad industrial.
 

La COP26 ha subrayado la importancia del metano, un poderoso gas de efecto invernadero que provoca al menos una cuarta parte del calentamiento climático actual. Su importancia radica en que su poder de calentamiento es 80 veces mayor al CO2 pero se descompone más rápidamente, por lo que su control podría agilizar plazos para disminuir la concentración de los GEI. La última Evaluación Global sobre metano efectuada por al Programa de la ONU afirma que las emisiones de este peligroso gas causadas por el hombre podrían reducirse hasta  45% durante la próxima década y esta disminución evitaría casi un 0.3°C de calentamiento global para 2045.

Hace una semana, el PNUMA lanzó un nuevo Observatorio que busca impulsar acciones para disminuir las emisiones de metano a la atmósfera. En la Cumbre se llegó a un acuerdo firmado por 103 países que se compromete a reducir un 30% en 2030 las emisiones de este gas. Los 103 países que han firmado este acuerdo suponen el 70% de la economía mundial y son responsables de casi la mitad de las emisiones antropogénicas de metano. El Observatorio recopilará e integrará diversos flujos de datos sobre las emisiones de metano creando un registro público mundial.

80 veces mayor es el poder de calentamiento del metano en comparación con el CO2.

México también firmó el acuerdo, pero su historia con este gas deja dudas sobre cómo logrará bajar este tipo de emisiones. Anaid Velasco señala que mediante la Declaración de Líderes de América del Norte sobre la Alianza del Clima, Energía Limpia y Medio Ambiente (Declaración ACELMA), firmada en 2016, nuestro país se comprometió a reducir sus emisiones de metano en los sectores de petróleo y gas entre  40% y  45% para  2025. En la COP26, nuevamente busca comprometerse, pero la realidad es distante. “México es de los primeros países que se suma al llamado global, pero el reto al interior del país es muy grande porque ya en  2018 se habían publicado disposiciones para medir y reducir el metano en el sector de hidrocarburos y el año pasado se pospuso su aplicación”. Velasco apunta  otro tema importante:  diversos estudios han comprobado que no estamos midiendo realmente bien cuánto se está generando de metano.

La especialista señala que las disposiciones dentro de la reducción de emisiones también contemplaban un plan operativo para detección y manejo de fugas para capturar el gas y utilizarlo en otras actividades productivas, pero están retrasadas esas disposiciones. “Desde hace cinco años hay intención de hacer una Norma Oficial Mexicana (NOM) para resolver el tema de fugas en la generación de energía eléctrica de ciclo combinado porque el gas natural utilizado genera fugas de metano. Hasta el día de hoy la norma sigue como anteproyecto”, comenta y subraya  que para cumplir los compromisos pactados en la reducción de emisiones de metano sería fundamental darle verdaderamente continuidad a este tipo de proyectos. La negativa para la adopción de energías renovables y la dependencia de recursos fósiles tampoco ayudan en la ecuación.
 

Grandes costos

Las olas de calor, sequías, tifones y huracanes causan daños en todo el mundo, costando a la economía global más de 500 mil millones de dólares al año. Frente al compromiso de apoyo económico por parte de los países desarrollados, Velasco explica que atiende en un principio a responsabilidades comunes, pero diferenciadas: “Algunos países han alcanzado bonanza económica a costa de mayor contaminación; han generado muchas emisiones de gases de efecto invernadero, así que prometieron otorgar 100 mil millones de dólares a países en desarrollo  para que puedan implementar medidas de mitigación y adaptación. La idea es transferir recursos para tecnologías de energías renovables o para que puedan elaborar atlas de riesgo o tener infraestructura verde que les ayude a ser más resilientes frente al cambio climático”.

El dinero se tenía que haber transferido el año pasado, pero no se hizo porque se pospuso la cumbre y tampoco se se podrá hacer de manera inmediata debido a la contracción económica derivada por la pandemia.

“Estos recursos se utilizarían dependiendo de las posibilidades de cada país. En el caso de México se pensaría que se utilizarán para fortalecer el programa Sembrando Vida y para las funciones de adaptación que tiene México: atlas de riesgo de municipios vulnerables, fortalecimiento en el tema de gestión integrada de cuencas, proyectos de carbono azul (apuesta importante para la captación de carbono mediante océanos y ecosistemas costeros). Sin embargo, la pregunta es con qué cara exigimos el financiamiento, si no estamos cumpliendo con nuestra parte de reducción de emisiones”, comenta Velasco y destaca que los puntos positivos de la Cumbre es que las firmas son visibles a nivel internacional y se hacen exigibles a nivel nacional; sin embargo también hay mucha resistencia de países desarrollados que no están asumiendo su responsabilidad y se quedarán cortos a lo que se tendría que hacer para trazar una ruta clara el cero neto y establecer mecanismos de monitoreo más transparentes para garantizar que las emisiones estén disminuyendo.

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