CÓRDOBA.- Cinco puntos aumentó en el último trimestre el índice que elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que mide cuánto de la renta agrícola (ingresos menos costos) queda en manos estatales; marcó 67,2%. Una de las causas es la sequía que atraviesa el país y golpea los rindes. La carga tributaria no baja y entonces, es mayor el segmento que queda para el Estado.

David Miazzo, economista de Fada, explica que por la estructura tributaria que pesa sobre la producción agrícola, “un evento adverso como la sequía, en lugar de reducir el peso de los impuestos, lo aumenta”. El impuesto con mayor participación es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad.

Que baje la producción por la sequía también hace que se alteren los saldos de IVA de los productores. El saldo técnico es el resultado de la resta del IVA pagado en compras y el IVA percibido por sus ventas. Para los productores, comercios e industrias, debería tener un efecto neutro, ya que es un impuesto destinado a que lo pague el consumidor final. “Sin embargo, si se acumulan saldos técnicos por una situación excepcional como una sequía que hace caer las ventas, el productor no puede usar ese saldo para pagar otros impuestos ni lo puede recuperar fácilmente, por lo que directamente se convierte en mayor carga fiscal”, aclara Miazzo.

Además del efecto en el impacto de los impuestos, una reducción sustancial de la producción genera pérdidas económicas y dificultades para pagar deudas y compromisos y desde Fada advierten que son los productores más chicos, que tienen menor capacidad para absorber el impacto, los que corren el riesgo de salir de la actividad.

Miazzo señala que a los entre US$10.000 y US$15.000 millones menos por exportaciones que ingresarán por la sequía, se pueden restar unos tres puntos al PBI, ya que se reduce la actividad económica, porque hay menos producción, transporte, industrialización y exportación: “Estos efectos se sentirán en mayor medida en los pueblos y ciudades del interior productivo, donde la producción agropecuaria representa la actividad económica”.

El índice Fada nacional es de 67,2%; Córdoba registra 68,3%; Buenos Aires 64,8%; Santa Fe 63,1%; La Pampa 69,1%; Entre Ríos 69,2% y San Luis 68%. En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural y Sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos; en Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

Por la sequía hay poco maíz de primera sembrado; son tres años de falta de agua.
Por la sequía hay poco maíz de primera sembrado; son tres años de falta de agua.
Hernán Zenteno – LA NACION

Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

El 67,2% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los nacionales no coparticipables representan el 70,5% del total básicamente por retenciones, a las que se agrega el llamado impuesto al cheque.

Las cargas nacionales coparticipables representan el 23,8% (Ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA). Los impuestos provinciales representan el 5% y los municipales, 0,8%.

“Con un esquema tributario en el que la mayoría de los impuestos son nacionales no coparticipables pone en jaque el federalismo fiscal y causa que mucho de lo que se produce en las regiones no vuelva”, advierte Miazzo.

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