18/11/2022 Act. a las 20:08 CET

El ‘expresident’ volverá a España inmediatamente si el TGUE le reconoce su inmunidad como europarlamentario

La proposición de ley que deroga el delito de sedición aún no ha comenzado su tramitación parlamentaria, pero ya tendrá una aplicación práctica: será esgrimida por la defensa del ‘expresident’ de la Generalitat Carles Puigdemont en las vistas que se celebrarán los días 24 y 25 de noviembre en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

Fuentes de la defensa de Puigdemont confían en que los magistrados, como personas informadas, lectoras de diarios y al tanto de la actualidad de los Estados miembros, entre ellos España, conozcan de la tramitación iniciada para derogar el delito por el que está reclamado el expresidente huido de la justicia española y por el que el Parlamento Europeo concedió su suplicatorio para investigarle.

Si no, en cualquier caso, se lo recordará su abogado, Gonzalo Boye, porque las vistas están íntimamente relacionadas con la inmunidad parlamentaria de los diputados europeos y su intención es comenzar la relativa a su demanda contra la decisión del Parlamento Europeo de conceder la autorización para investigarle.

En ella alegarán supuestas irregularidades en la tramitación, como que se concedió después de la euroorden y, para encarcelarle, no para procesarle. Pero también relativas al ponente que tramitó los expedientes, al que consideran próximo a Vox, partido que, dicen, presentó una querella antes que las de la fiscalía, que fueron las que realmente iniciaron la causa del ‘procés’.

Regreso inminente

Si el TGUE (una especie de primera instancia europea, cuyas decisiones pueden ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE-) da la razón a Puigdemont, tras celebrar la vista, una de las primeras decisiones del ‘expresident’ será regresar a España y, en concreto, a Catalunya. Así se comprobará si el Tribunal Supremo respeta las resoluciones de la justicia europea, porque su arresto sería difícilmente compatible con la inmunidad que le otorgaría la decisión judicial. Si la primera sentencia no le da la razón, recurrirá ante el TJUE, lo que las fuentes consultadas no creen probable que haga el Parlamento Europeo, si pierde.

La introducción como hecho nuevo relevante de la sedición se hará por el abogado de viva voz, pero también se puede solicitar su inclusión por escrito. Es lo que Boye hizo el pasado día 7 en el procedimiento de las cuestiones prejudiciales que el instructor del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, formuló en relación con las euroórdenes.

La propuesta del abogado general, que suele marcar el criterio que seguirá el tribunal, era contrario a los intereses de Puigdemont y del resto de ‘exconsellers’ en el extranjero, porque declaraba que un país no puede denegar entregar a una persona sin riesgo sistémico de vulneración de derechos. Bélgica había rechazado entregar a Lluís Puig a España porque consideró que el Tribunal Supremo español no era el competente para juzgarle y existía riesgo de vulneración de sus derechos.

Si el TJUE hace caso a la petición de Boye y reabre la fase oral, aunque la iniciativa es improbable que prospere, logrará que una sentencia que se presume desfavorable a los intereses de Puigdemont, prevista para final de año, salga después de la de la inmunidad, que se espera que se dé a conocer en enero y febrero.

Reforma criticada

Aunque la reforma de la sedición haya sido criticada con dureza por Junts, que la considera una ampliación de la persecución de la movilización ciudadana, está claro que a Puigdemont solo le resultará beneficiosa, porque España le está reclamando por un delito que va a derogar. Si el Supremo cambia su acusación contra él para adaptarla a la nueva tipificación de desórdenes públicos agravados tendrá que cursar un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo, apuntan desde su defensa.

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Así que la afirmación pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que con la reforma Puigdemont seguiría teniendo que comparecer ante los jueces parece cada vez más lejana. En cualquier caso, todo dependerá del contenido final de la modificación legislativa y de la decisión que adopten los tribunales europeos respecto a la inmunidad que confiere el escaño de europarlamentario y de la que ahora goza de forma cautelar.

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