Sergio Massa ya piensa en las fiestas. El Mundial podrá retener la atención de muchos en las próximas semanas, pero en el ministerio de Economía saben que al final del día no hará que los números de la macro cierren. No sólo la Argentina todavía tiene que hacer deberes para cumplir con las metas fijadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que además en el Gobierno no se animan a soslayar el desafío que cada diciembre plantea en términos sociales. Motivos para que haya turbulencia sobran.

En el quinto piso del Palacio de Hacienda ensayan medidas. Una vez más, estudia Economía darle un tipo de cambio diferencial al agro para que venda dólares hacia fin de año. “Dólar Navidad”. No sólo es una cuestión de seguir fortaleciendo las reservas del Banco Central (BCRA), sino que –sobre todo– en el equipo de Massa empieza a preocupar el financiamiento en pesos. El ministro se comprometió con el FMI a no seguir pidiéndole asistencia al Central, pero el problema es que desde hace algunos días el sector privado empieza a mostrarse más reticente a seguir financiando al Tesoro.

En septiembre, el denominado dólar soja aportó más de US$7000 millones y sumó al fisco $434.033 millones de forma directa por derechos de exportación. Cerca de Massa se ilusionan con que en diciembre pueda pasar algo similar. Al menos, se estima que todavía quedan por vender unos 8 millones de toneladas de porotos de soja, por unos US$4500 millones.

“La licitación de la semana pasada mostró poco apetito por parte del sector privado y un financiamiento neto que estuvo demasiado alejado de lo que necesita el equipo económico para cumplir con su programa financiero”, dijo Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex. “Además, creció el estrés sobre la curva de pesos, y el Banco Central salió de nuevo a intervenir en el mercado de pesos a gran escala”. Desde el 12 de octubre, estimó, el BCRA compró bonos en pesos por más de $165.000 millones. Sin embargo, obtuvo pocos resultados, dado que, si bien con sus intervenciones la autoridad está tratando de sostener los precios de los bonos en pesos, todavía una Lecer a 6 meses rinde 5% y un bono como el TX24, poco menos del 12%. “Todos niveles en los que el Tesoro no puede salir a buscar financiamiento del mercado”, subraya.

Pero no sólo hay que cumplir con el FMI. El “superministro Massa” también probó en las últimas semanas que su título no lo exime de buscar la aprobación del kirchnerismo, dueño de la kriptonita. Por eso, en las cuentas de Hacienda para diciembre, además de la segunda cuota del bono para los más necesitados, se prevé la entrega de un bono de $30.000 para los empleados del sector público. La medida está en línea con los reclamos de Cristina Kirchner, que también quiere que el sector privado imite al Estado con la entrega de un bono de suma fija para fin de año. Tanto los gordos de la CGT como el presidente Alberto Fernández vienen oponiéndose.

En el difícil contexto que debe administrar la política, no dejan de llamar la atención algunas de las concesiones previstas en el Presupuesto 2023. Por caso, una partida de $5000 millones el año próximo para la construcción de un nuevo canal para la hidrovía, el Canal Magdalena, pero que le insumirá al Estado en tres años un total de $44.000 millones. La obra, insistentemente demandada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, viene siendo apuntalada por medios oficialistas, que la reclaman como un “desafío soberano”. El sólo argumento plantea al menos una revisión.

El kirchnerismo tiene una curiosa fama de hacer malos negocios en pos de la soberanía. No más basta recordar el caso de la estatización de YPF. El Estado no sólo pagó US$5000 millones por el 51% de la empresa que estaba en manos de Repsol –hoy el 100% de YPF vale apenas US$3110 millones–, sino que todavía acarrea un juicio en Nueva York iniciado por la familia Eskenazi que podría costarle otros US$8000 millones. Al listado de negocios abanderados por la soberanía podrían sumárseles Aerolíneas Argentinas, Aysa o Ciccone Calcográfica; otros truncos, como la estatización de la cerealera Vicentín, y algunos en carpeta: Autopistas del Sol. La Panamericana es de “todes”.

Lo raro –insiste una fuente que conoce de cerca la problemática de la hidrovía– es que los estudios privados que se hicieron desde las cámaras que nuclean a los usuarios de la vía navegable, como la Cámara de Puertos, dan que no es necesaria en este momento la obra”. El argumento surge porque el canal actual que está en uso, el Canal Punta Indio, va por aguas internacionales pero pasa frente a las costas de Montevideo. El Canal Magdalena iría también por aguas internacionales pero pasaría frente a la costa argentina. Un capricho soberano y caro mientras buques chinos depredan el mar argentino sin que el kirchnerismo diga nada.

Además de conseguir más pesos, Massa espera para diciembre terminar de cerrar el programa de Precios Justos con las empresas. Después de amenazar con un congelamiento, y de que el kirchnerismo duro saliera en redes sociales escachando a empresas que subieron precios, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, comenzó el miércoles por la tarde a llamar personalmente a varias grandes compañías para volver a tender puentes, cuando hasta horas atrás Comercio pretendía que los supermercados no aceptaran listas con aumentos mensuales de más del 4%.

“El ritmo inflacionario condicionará ‘casi todo’ –dice el último informe de MacroView, la consultora de Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo–: la expectativa devaluacionista, la brecha, la actividad, las carreras nominales (precios versus salarios, tarifas, tasa de interés), la nominalidad fiscal y cuasi – fiscal,… Para la política, la inflación también condicionará “casi todo”: la virulencia de la interna oficialista, el futuro del Ministro Massa, el clima social en la calle, el resultado electoral, la transición y la herencia a 2024,…”. La necesidad de obtener resultados rápidos en materia de precios es evidente. El dilema dentro del Frente de Todos sigue siendo cuánto desacelerar la economía para contener la escalada de precios.

Con la llegada de Massa, entretanto poco a poco empieza a evidenciarse un giro en la relación de la Argentina con Estados Unidos. Si bien el gobierno de Joe Biden parece haberse endurecido –acaba de sancionar con aranceles las exportaciones de jugo de mosto– también da señales de querer recomponer relaciones comerciales. La secretaria de Relaciones Internacionales, Cecilia Todesca, está intentando reflotar el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA, por sus siglas en inglés) que se había firmado entre ambos países en el marco de la visita del entonces presidente Barack Obama al país, en marzo de 2016. En ese sentido, está previsto que el próximo 1° de diciembre se realice en la Argentina un evento en el que participará Daniel Watson, la máxima autoridad de la United States Trade Representative (USTR) para el Hemisferio Occidental. Difícilmente sea una movida que vaya a contar con el aval de Máximo Kirchner.

De todas maneras, en el Gobierno de Fernández no abandonan la idea de un protagonismo regional mayor de la Argentina de la mano del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva. El propio Massa tiene fotos con el futuro mandatario brasileño expuestas en su despacho; el único con el que tiene dos. También en el Instituto Patria hay quienes sueñan con un salvataje de dólares de Brasil (a cambio de una promesa de abastecimiento futuro de gas). ¿Lo habrá verbalizado Oscar Parrilli cuando se reunió el lunes con Marcio Pochmann, economista muy cercano a Lula?

Más allá de los planes oficiales, en los bancos, sin embargo, la creciente exposición al sector público es motivo de preocupación. Más de 7 de cada 10 pesos que entran a un banco hoy en forma de depósito terminan colocados en Leliq. Hace algunos días, en un encuentro con el presidente del BCRA, Miguel Pesce, los bancos extranjeros nucleados en ABA, le propusieron a la autoridad monetaria desarrollar algún tipo de línea de crédito subsidiada para financiar, por ejemplo, grandes proyectos de infraestructura. Lo que hasta hace algún tiempo era para las entidades un sacrilegio, hoy se asemeja a la panacea. Cualquier cosa con tal de fomentar en algo la alicaída demanda de crédito privado y de poder ir reduciendo paulatinamente la exposición al sector público. La iniciativa no demoró en sumar adeptos entre grandes bancos nacionales.

Los números de los bancos son un fiel reflejo de la economía argentina: cada vez hay menos crédito, más cash, y el mismo empleo privado. Así, por caso, la cantidad de tarjetas de crédito emitidas viene cayendo de 41,5 millones en diciembre de 2019 a 38,5 millones este año, mientras que la de débito treparon de 48,5 millones a 68,5 millones, en igual periodo. La cantidad de cuentas sueldo, en tanto, apenas varió de 9,7 millones en diciembre de 2019 a 9,8 millones, hoy. Número mata relato.

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