20/12/2022 a las 08:29 CET

La acusación reclama hasta ocho años y nueve meses de prisión para Josep Lluis Quer y Josep Antoni Rosell, exdirectivos de la empresa Gisa durante el gobierno de Artur Mas

Se pusieron de acuerdo para presuntamente conseguir y amañar entre 2011 y 2015 adjudicaciones de obras de la Generalitat, desde carreteras hasta líneas ferroviarias, y para ello contaron con los que eran máximos responsables de la empresa pública GISA (después convertida en Infraestructures de la Generalitat), Joan Lluis Quer, su presidente, y Josep Antoni Rosell, director general. Esa es la tesis que mantiene el fiscal anticorrupción José Grinda que solicita para esta trama compuesta por 17 imputados penas de hasta ocho años y nueve meses de prisión por un delito de organización criminal, otro continuado de fraude a las Administraciones Públicas y prevaricación.

La acusación pública sostiene en el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, que desde, al menos, 2008, los acusados «fueron ejecutando un pacto para conseguir la adjudicación de concurso de Administraciones Pública en el ámbito catalán», un acuerdo que se denominó Nuria Bofill. Entre los componentes de esa «organización» acordaron licitar en los concursos ofreciendo unos precios que permitían excluir a otros competidores. Y ello, en «connivencia» de Quer y Rosell, presidente y director general de GISA. En este entramado no solo supuestamente participaron estos altos cargos en la época del gobierno de Artur Mas (CiU), sino también Josep Narcis Arderiu Freixa, de la Associació Catalana d’Enginyeria i Arquitectura (Asinca), varios miembros de esta entidad y directivos de empresas de ingeniería.

Josep Antoni Rosell. | Joan Revillas

Para Quer, Rosell y Arderiu, la fiscalía reclama ocho años y nueve meses de prisión. Para los otro 14 imputados, seis años y tres meses, según el escrito entregado en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia NacionalLos indicios se basan en documentación encontrada en unos maletines que el 21 de octubre 2015, momentos después de la detención de Rosell, entregó a la Guardia Civil un directivo de la empresa pública que se encarga de las obras de la Generalitat.

Los acusados, sostiene la fiscalía, pactaron durante años las normas y directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas Administraciones con «el objetivo de evitar la libre competencia» y, así, «obtener un contrato más beneficioso» que el que hubieran conseguido en «condiciones de igualdad», es decir, si cada mercantil hubiera preparado su oferta de forma totalmente independiente. Dicho pacto anulaba, por lo tanto, la competencia de las empresas que no participaban en el mismo y se fue extendiendo a diversos órganos públicos, aunque el origen fue GISA. Esa influencia llegó incluso al Ayuntamiento de Barcelona, en la época del convergente Xavier Trias (ahora candidato de Junts a la alcadía), y a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Un acuerdo para «defraudar»

Los componentes de esta trama, incide Anticorrupción, se pusieron «de acuerdo para defraudar», fundamentalmente a Gisa, «diseñando e implementando una operación» con Quer y Rosell y que tenía el objetivo el «direccionamiento» de los procesos de contratación pública licitados. El escrito de acusación precisa que estos dos imputados «manipulaban» las adjudicaciones. En primer lugar, modificando la estructura organizativa de la compañía pública, creando la Oficina Técnica d’Avalacuació, y «generaron una paso nuevo en el proceso de valoración de ofertas» en los concursos y que «solo dependía de ellos». La misión de esta oficina técnica era revisar las propuestas que elaboraban los técnicos y «tenía la capacidad» de modificar las puntuaciones. En este sentido, la acusación detalla que Quer y Rosell «abusaban de su jerarquía» sobre un subordinado, a la vez que le «presionaban y daba indicaciones para que modificara las valoraciones de las ofertas efectuadas por los técnicos».

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Las empresas que participaban del pacto, por su parte, realizaban «intencionada y deliberadamente» sus ofertas agrupadas en un rango de precio muy restringido, lo que provocaba dos efectos: se expulsaba del concurso a las empresas que no estaban dentro del pacto y la adjudicación pasaba a depender de criterios «subjetivos», de modo, recalca el fiscal, que la concesión de las obras se verificaba «a pura voluntad» de Quer y Rosell. En esta estructura tenían un papel importante los representantes de la asociación Asinca. Quer, que fue condenado el pasado mes de junio a dos años de prisión por el amaño de un concurso en el ACA y también está imputado, junto con Rosell, en el ‘caso 3%’.

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