12/01/2023 a las 08:36 CET

Pedro Sánchez tiene difícil adoptar una salida sin perjudicar a Ximo Puig o García-Page.

La bomba política que le ha estallado al Gobierno de Pedro Sánchez en año electoral con la guerra del agua por los recortes en las aportaciones al Levante en el trasvase Tajo-Segura tiene difícil solución sin que alguno de los dos principales barones socialistas salga perjudicado en su territorio. El enfrentamiento está abierto entre el valenciano Ximo Puig y el manchego Emiliano García-Page, tirando cada uno de un extremo de la cuerda y situando al presidente en una posición delicada.

La salida política es muy difícil. También en el Ejecutivo hay posiciones encontradas, con un sector que pide más flexibilidad y que se busque un acuerdo, que se evite un nuevo levantamiento en armas del campo contra el Gobierno y dé salidas en territorios clave para el PSOE, frente a “los dogmas” ecologistas que achacan al Ministerio para la Transición Ecológica. En un intento de ponerse de perfil, Ferraz asegura que este no es un asunto de partido, pero reclama «flexibilidad» a todas las partes.

En esta línea apunta la reunión que el propio presidente ha convocado para el próximo viernes entre a la Ejecutiva socialista y a los 17 ministros del partido, una cita que responde a la necesidad de movilización de cara a las elecciones municipales y autonómicas, según explican en público, pero también a que Sánchez que «sabe que debe engrasar las relaciones entre Gobierno y partido» y limar asperezas como las que despierta el asunto del agua, afirman en privado.

Las encuestas señalan que el PSOE puede perder en mayo en estas dos comunidades, en un escenario de bloques, con empate técnico con el PP y sin poder sumar a su izquierda. Cualquier decisión que perjudique a sus barones puede ser definitiva. El malestar en el socialismo valenciano es creciente contra un Gobierno que cree que le perjudica. Las últimas salidas abruptas de García-Page, ganador en esta batalla, contra las decisiones políticas de Pedro Sánchez y sus socios también exhiben la distancia.

Tanto si el Gobierno se mantiene firme en su propuesta, beneficiando a Castilla La Mancha, como si finalmente el Ministerio recula y da marcha atrás en sus planes para el trasvase Tajo-Segura, dando oxígeno a Puig, el coste político será elevado. La crisis se precipitó en diciembre, con municipales y autonómicas a finales de mayo.

Frenar el plan

La Generalitat Valenciana, como Murcia y Andalucía, gobernadas por el PP, han presentado alegaciones al documento enviado al Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva en Consejo de Ministros. La propuesta salió del Consejo Nacional del Agua celebrado el pasado 29 de noviembre y fija restricciones al trasvase Tajo-Segura imponiendo un caudal ecológico, que implica disminuciones en las aportaciones finales del volumen hídrico que llega al Levante español.

El gobierno de Puig, con un informe de sus servicios jurídicos, alega defectos de forma en la tramitación e impugna el acuerdo cerrado el pasado noviembre en el Consejo Nacional del Agua, pidiendo su nulidad. Aseguran que se modificó de forma unilateral. El Ministerio de Transición Ecológica lo desmiente y sostiene que el documento final se aprobó “con un amplio respaldo”, entre otros el de Castilla-La Mancha. Desde el departamento de Teresa Ribera exhiben firmeza en sus posiciones, insistiendo en que el texto no se va a modificar y que llegará “pronto” al Consejo de Ministros. El Consejo de Estado dictaminará la próxima semana, el 19 de enero.

Mientras, este miércoles los agricultores y regantes han dejado clara su profunda indignación en una multitudinaria protesta en Madrid, donde han llegado en autobuses desde Murcia, Almería y Alicante. Se trata de un nuevo choque de la ministra Ribera con el campo español y, también de nuevo, el titular de Agricultura, Luis Planas, está en mitad del incendio que separa al Gobierno de los agricultores.

Desde el departamento de Transición Ecológica aseguran que se están buscando alternativas y que han puesto sobre la mesa un plan de inversiones de 8.000 millones de euros, con nuevas infraestructuras y alternativas de aguas superficiales o subterráneas, y con agua desalada y regenerada. La del Tajo es la única cuenca en España que no tiene caudal ecológico, insisten, subrayando que es “una anomalía histórica” y apelando a las cinco sentencias del Supremo que lo imponen.

Ribera pide calma

La vicepresidenta Ribera insistió en que es “muy difícil” encontrar una solución que responda a todos y atienda todas las peticiones. Lamentó que la protesta de los agricultores “plantee dudas” sobre la necesidad de fijar un caudal ecológico en el río Tajo. Su Ministerio, defendió, actúa sobre “criterios técnicos” y “el mejor conocimiento científico” cumpliendo la jurisprudencia, las sentencias y la ley nacional y europea. “El mensaje me gustaría que fuera de tranquilidad”, reclamó en un intento más de reconducir el conflicto político, prometiendo que se darán alternativas a los regantes de agua a precio asequible.

Por su parte, la consejera valenciana de Agricultura, Isaura Navarro, que participó en las protestas de los agricultores, reclamó un texto de consenso que logre un equilibrio entre todos los intereses y fije un caudal ecológico conforme a la realidad del río y el impacto socioeconómico, que se pueda ir elevando de manera gradual. “El recorte no tiene sentido”, advirtió. “Somos la nevera de Europa y de España”, recordó, para exigir que se proteja a la agricultura.

Mientras, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, se mostró dispuesto a un acuerdo para el reparto de recursos hídricos, pero sin renunciar a fijar un caudal ecológico para el Tajo. “Page no quiere guerra del agua”, sentenció la portavoz de su Gobierno, Blanca Fernández, que defendió la necesidad de subsanar “una anomalía” en un “trasvase franquista” que se hizo hace 44 años “con una mentalidad centralista”. “Si el acuerdo sobre el Tajo supone seguir hipotecando al Tajo, el no es rotundo”, zanjó. “Se está trasvasando de la España seca a la España más seca aún”, avisó.

En plena sequía

Las comunidades del PP aliadas en esta guerra con el barón socialista Ximo Puig insisten en denunciar que la decisión es “arbitraria” y “política” y exigen que se dé marcha atrás. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, lamentó que se enfrente a unos españoles contra otros y lamentó que el Gobierno “no atienda a razones”.

NOTICIAS RELACIONADAS

Desde Andalucía, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, confió en que se rectifique un recorte basado en una decisión “injusta a sabiendas”. La propuesta de restricciones en el trasvase es de 8,6 hectómetros cúbicos por segundo, la Comunidad Valenciana aceptó siete y Andalucía asegura que con seis es suficiente. La modificación, alertan, podría suponer la pérdida de 105 hectómetros cúbicos para el Levante español. Se calculan 25.000 hectáreas de frutas y hortalizas afectadas y un coste de 15.000 empleos. “Llegaremos hasta donde tengamos que llegar”, advierten los afectados.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here