15/09/2022 a las 16:07 CEST

El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, advierte de que el voto particular de dos magistradas abre «más dudas que certezas» sobre la condena por malversación con cárcel para Griñán y confía en el recurso de amparo al TC

Veinticuatro horas después de que el Supremo diera a conocer la sentencia de los ERE que condena a toda la cúpula de los gobiernos socialistas en Andalucía desde 2000 a 2009 por el reparto sin control y de forma arbitraria de 680 millones de euros, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, confió en que el Tribunal Constitucional admita el recurso de amparo que ya han anunciado alguno de los condenados. Ese tribunal debe dictaminar sobre una posible vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, frenando la entrada en prisión de algunos de los exaltos cargos condenados por malversación con penas de cárcel, como es el caso del expresidente José Antonio Griñán.

Espadas se mostró convencido de que el voto particular de dos de los cinco magistrados que dictaminan la sentencia deja «más dudas que certezas» y abre la puerta a que se considere que en la condena por malversación faltan «pruebas e indicios concluyentes». El abogado del expresidente Griñán ya ha anunciado que acudirá al Supremo, el tribunal sentenciador, para pedir una aclaración de la sentencia y plantear un incidente de nulidad. Un paso previo al recurso al Constitucional para pedir amparo por vulneración de derechos fundamentales, con el argumento de que no se ha respetado la presunción de inocencia.

Estas vías jurídicas, que en cualquier caso paralizarían la entrada en la cárcel y de forma cautelar pueden suspender la ejecución de la condena por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla, son paralelas a la solicitud de indulto que ya ha anunciado la familia de Griñán, que alega razones de humanidad y equidad, por los 76 años del expresidente y una «trayectoria pública ejemplar e intachable». Ese indulto deberá resolverlo, tras los informes pertinentes de la Fiscalía y del Supremo, el Consejo de Ministros. Será un momento muy delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez que puede ahorrarse si el Constitucional dictamina sobre esa petición de amparo, teniendo en cuenta que los condenados no se enriquecieron ni se beneficiaron personalmente con este dinero público, como recalca el voto particular, que considera que el delito de malversación debería circunscribirse a la Consejería de Empleo, dejando al margen Hacienda e Innovación.

El dirigente del PSOE andaluz eludió pronunciarse sobre la parte de la sentencia sobre la que sí hay unanimidad de los cinco magistrados, en las condenas por prevaricación a la cúpula socialista del Gobierno andaluz por haber ideado y autorizado un sistema de reparto del dinero público sin controles legales que permitía la concesión arbitraria de estas ayudas sociolaborales, con criterios políticos y hurtando los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad que rigen estas subvenciones. Espadas tampoco entró en si el Gobierno debe o no conceder el indulto a los condenados. «Hay que desligar absolutamente al partido de la tramitación de un derecho que ejerce una persona a título individual, no es cuestión de apoyos o no, es un derecho personal», insistió Espadas.

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El Tribunal Constitucional está pendiente de renovación, dos magistrados deben ser renovados por el Gobierno y dos dependen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está fuera de plazo desde el pasado 13 de septiembre. Los nombramientos responden a la reforma impulsada por el Gobierno, que obliga al Poder Judicial a una renovación automática tres meses después de las vacantes en el Alto Tribunal. El bloqueo en el CGPJ, por el enfrentamiento y la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, afecta de lleno a esa renovación del TC, ralentizada por algunos de los magistrados conservadores. Esa renovación puede alterar la actual mayoría conservadora del Constitucional, inclinando la balanza con siete progresistas frente a cinco conservadores (cuatro porque uno está de baja por enfermedad). El Tribunal máximo intérprete de la Constitución tiene en su cartera por resolver asuntos tan cruciales como las leyes de aborto, eutanasia, educación, la obligación del 25% del castellano en las aulas de Cataluña, y ahora también el asunto de las condenas de los ERE.

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