17/11/2022 a las 10:35 CET

La Sala de lo Penal ya tiene sobre la mesa recursos por condenas de abuso y agresión sexual en las que las defensas solicitan rebajas en aplicación de la ley impulsada por igualdad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyó este miércoles desde Indonesia la ley del ‘sólo sí es sí’ y apuntó al Tribunal Supremo como el responsable de unificar doctrina y señalar el camino a los jueces frente al goteo de resoluciones judiciales que, en aplicación de esta norma, están rebajando algunas condenas impuestas a violadores y abusadores sexuales. En todo caso, no tendrá que esperar mucho para conocer la respuesta del alto tribunal, que se pronunciará en las próximas semanas sobre este asunto según fuentes del órgano.

A la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, no ha llegado aún ningún recurso contra los autos que se han venido conociendo desde el pasado martes y que rebajan determinadas condenas tras la entrada en vigor el pasado 7 de octubre de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, pero las peticiones para su aplicación están siendo introducidas por las defensas en varios recursos de casación, que alegan infracción de ley.

Este tipo de argumento se emplea cuando la defensa considera que el tribunal que sentenció los hechos ha infringido un precepto penal de carácter sustantivo o una norma jurídica que hubiera debido ser considerada. En este caso, los abogados argumentan que las modificaciones técnicas en las horquillas de penas que la norma introdujo en el Código Penal benefician a sus clientes, y por ello deben ser aplicadas. El alto tribunal no aplicará en todo caso un criterio único a estos asuntos, y tendrá que ir caso por caso, admiten las mismas fuentes.

Por su parte, la Fiscalía General insta también por el momento a revisar caso por caso, pero no descarta la elaboración de una circular para unificar criterios.

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Por otro lado, fuentes fiscales del alto tribunal señalan que ya venían trabajando en algunos de estos recursos, y los representantes del Ministerio Público a los que les ha correspondido informar están haciéndolo a favor de mantener las penas iniciales, aunque admiten que sin mucha experanza. «Hay que explorar los márgenes«, comenta a El Periódico de España un miembro del Ministerio Público: «Si la pena mínima antes eran 5 años y el tribunal dice que esa es la pena justificada, y ahora el límite inferior es 4, pero también es posible 5, los fiscales luchamos por mantener ese 5». 

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