La Justicia de Santa Fe tomó hoy una decisión que podría darle un nuevo impulso al concurso de acreedores de la cerealera Vicentin. Se trata de un dictamen de avocación de la Procuración General de Corte Suprema de Justicia de la provincia que desestimó un pedido de uno de los acreedores granarios, Commodities SA. para que el concurso preventivo de la cerealera fuera resuelto por el máximo organismo judicial.

Tras la resolución, según interpretaron en Vicentin, la causa podría volver al juez original, Fabián Lorenzini. En junio pasado, ante otro planteo del mismo acreedor, la Corte Suprema había dispuesto el avocamiento de la causa y tomado en sus manos el expediente. Como parte de ese proceso, y luego de rechazar el mes pasado un pedido de Vicentin, ordenó a la Procuración General evaluar si correspondía o no el avocamiento de la Corte Suprema.

Hoy, el procurador general Jorge Barraguirre (h) desestimó la petición del acreedor para que la Corte Suprema invalidara el concurso preventivo por considerar que se habían cometido una serie de irregularidades. En el escrito, concluyó: “considero que no hay mejor antídoto que respetar el trámite de la causa”. No obstante, expresó la necesidad de realizar una serie de recomendaciones para velar por desarrollo del concurso. “Resulta sumamente prudente extremar los dispositivos más adecuados que permitan el control de legalidad sustancial previsto en la Constitución y en la ley, tomando en cuenta las particularidades de la causa”, sostuvo.

La petición del acreedor granario podía derivar en un cramdown, mecanismo de última instancia a una quiebra que permite que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control de la firma. En la cerealera interpretaron que tras el dictamen de la Procuración, la causa podía volver al juez Lorenzini, aunque había que aguardar la decisión de la Corte Suprema final y las recomendaciones.

Vicentin había hecho una propuesta de pago a 12 años de plazo y al final del proceso los acreedores recuperarían menos del 30% de la acreencia. La cerealera, que entró en ese proceso con unos US$1574 millones hace casi tres años, ya había logrado las cápitas necesarias. Requería 860 y ya cuenta con más de 1000 cápitas. En tanto, con los bancos internacionales logró superar el 66,7% del capital verificado. Los acreedores granarios que no aceptaban el acuerdo reclamaron la nulidad del proceso en la Corte Suprema de Santa Fe.

El dictamen de la Procuracion Genneral abre ahora una nueva instancia judicial.

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