YAKARTA, Indonesia (AP) — La oposición generalizada a la invasión rusa de Ucrania demuestra la fuerza de una respuesta unificada contra los abusos de los derechos humanos, y hay indicios de que el poder está cambiando a medida que la gente sale a las calles para mostrar su descontento en Irán, China y otras partes del mundo, indicó un destacado grupo de derechos el jueves.

En 2022 hubo una “letanía de crisis de derechos humanos», pero se presentaron también nuevas oportunidades para reforzar la protección contra las violaciones, explicó Human Rights Watch en su reporte global anual sobre las condiciones de los derechos humanos en más de 100 países y territorios.

“Tras años de esfuerzos fragmentados y a menudo poco entusiastas en favor de los civiles amenazados en lugares como Yemen, Afganistán y Sudan del Sur, la movilización global en torno a Ucrania nos recuerda el extraordinario potencial que existe cuando los gobiernos asumen sus responsabilidades en materia de derechos humanos a una escala global», dijo la directora ejecutiva interina de HRW, Tirana Hassan, en el prefacio del reporte de 712 páginas.

“Todos los gobiernos deben aportar el mismo espíritu de solidaridad a la multitud de crisis de derechos humanos en todo el mundo, y no solo cuando convenga a sus intereses», agregó.

Tras la invasión rusa de Ucrania, un amplio grupo de naciones impuso sanciones de gran alcance contra Moscú mientras se unían para apoyar a Kiev, y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional abrieron sendas pesquisas sobre los abusos, indicó HRW.

Los países deben preguntarse ahora qué habría ocurrido si hubiesen tomado medidas así tras la anexión rusa de la península de Crimea en 2014, o si se hubiera hecho lo mismo en lugares como Etiopía, donde un conflicto armado de dos años ha contribuido a una de las peores crisis humanitarias del planeta, afirmó Hassan.

“Los gobiernos y la ONU han condenado los asesinatos sumarios, la violencia sexual generalizada y los saqueos, pero no han hecho mucho más”, dijo acerca de la situación en Etiopía, donde las fuerzas de la región de Tigray firmaron un acuerdo con el gobierno el año pasado con la esperanza acabar con la guerra.

El grupo, con sede en Nueva York, destacó las manifestaciones surgidas en Irán a mediados de septiembre tras el deceso de Mahsa Amini luego de ser detenida por la policía moral de la República Islámica por una supuesta violación del estricto código de vestimenta del país, además de las protestas en Sri Lanka que forzaron la renuncia del gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa, y la elección democrática de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil frente al ultraderechista Jair Bolsonaro.

“Una y otra vez, la gente valiente sigue asumiendo riesgos extraordinarios al salir a la calle, incluso en lugares como Afganistán y China, para defender sus derechos”, señaló la directora de HRW para Asia, Elaine Pearson, ante reporteros en la presentación del informe en Yakarta.

En China, según HRW, el aumento de la atención de la ONU y otros organismos al trato que reciben los uigures y los musulmanes turcos en la región de Xinjiang ha “puesto a Beijing a la defensiva” internacionalmente, mientras que las protestas nacionales contra el estricto protocolo gubernamental de «cero COVID” también incluyeron críticas más amplias al mandato del presidente, Xi Jinping.

Mientras muchos gobiernos occidentales se alejan de China para acercarse a India en materia de comercio, Pearson advirtió que no ignoren el registro de derechos humanos de su primer ministro, Narendra Modi.

“India, con el primer ministro Modi, ha sido también testigo de abusos muy similares: la discriminación sistemática contra las minorías religiosas, especialmente los musulmanes; la represión de la disidencia política; el uso de la tecnología para suprimir la libertad de expresión y aumentar su control del poder», indicó.

Una de las mayores crisis humanitarias sigue estando en Myanmar, donde en febrero de 2021 el ejército arrebató el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi y, desde entonces, ha reprimido con brutalidad cualquier tipo de disidencia. La junta militar ha hecho más de 17.000 presos políticos desde entonces y ha matado a más de 2.700 personas, según la Asociación de Ayuda a Prisioneros Políticos.

Human Rights Watch dijo que los intentos de paz de sus vecinos en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático han fracasado y, más allá de vetar la presencia de los líderes militares en sus cumbres, el bloque ha “impuesto una presión mínima” al país.

El grupo pidió a la ASEAN que se comprometa con los grupos opositores en el exilio e “intensifique la presión sobre Myanmar alineándose con los esfuerzos internacionales para cortar los ingresos en divisas y la compra de armas de la junta».

Pearson destacó que la única solución duradera a la situación de los refugiados rohinya sería responsabilizar al gobierno birmano por su persecución y darle a la minoría musulmana la capacidad de regresar de forma segura al país.

“La mayoría de los rohinya quieren volver a casa, pero quieren seguridad, quieren un trato igualitario, quieren que les devuelvan sus tierras y quieren que los autores de la limpieza étnica y de los actos de genocidio asuman responsabilidades», indicó.

HRW eligió Indonesia, que actualmente ostenta la presidencia de la ASEAN, para presentar su informe con la esperanza de que Yakarta aproveche la ocasión para presionar al bloque para que exija cuentas a Myanmar por la aplicación de su proceso de paz de cinco puntos, añadió Pearson.

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Rising informó desde Bangkok.

AP

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