La ONG Human Right Watch (HRW) ha señalado este viernes que las autoridades de India utilizan cada vez más castigos arbitrarios y abusivos contra los musulmanes que se considera que han infringido la ley, por lo que ha urgido al Gobierno indio a tomar «medidas inmediatas».

En concreto, la organización ha detallado que en los estados gobernador por el partido nacionalista hindú, el Partido Popular Indio (BJP), las autoridades han demolido viviendas y propiedades musulmanas sin autorización legal y, más recientemente, azotado públicamente a hombres musulmanes acusados de perturbar supuestamente un festival hindú.

«Las autoridades de varios estados indios están cometiendo actos de violencia contra los musulmanes como una especie de castigo sumario», ha manifestado la directora para el sur de Asia de Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly.

«Los funcionarios que ignoran descaradamente el estado de derecho están enviando un mensaje al público de que los musulmanes pueden ser discriminados y atacados», ha agregado Ganguly.

Tal y como ha podido saber HRW, el 4 de octubre de 2022, en el distrito de Kheda, estado de Gujarat, la Policía arrestó a 13 personas por presuntamente arrojar piedras en un baile ceremonial durante un festival hindú.

Tras ello, un oficial de Policía vestido de civil y que llevaba en una pistola empezó a golpear a varios hombres musulmanes con palos mientras otros oficiales sujetaban a los hombres contra un poste de electricidad, tal y como se demuestra en videos recogidos por la organización.

Dos días antes, el 2 de octubre, en el distrito de Mandsaur, estado de Madhya Pradesh, la Policía presentó un caso de intento de asesinato y disturbios contra 19 hombres musulmanes acusados de arrojar piedras en un evento hindú y detuvo a siete de ellos. Dos días después, sin ninguna autorización legal, las autoridades demolieron las casas de tres de los hombres alegando que habían sido construidas ilegalmente.

«Las autoridades intentaron justificar las demoliciones alegando que las estructuras eran ilegales, pero sus acciones y declaraciones indicaron que la destrucción pretendía ser un castigo colectivo para los musulmanes, responsabilizándolos por la violencia durante los enfrentamientos comunales», ha señalada la organización.

Tras varias de estas demoliciones, los relatores especiales de la ONU escribieron al Gobierno de India expresando su preocupación porque algunos de esos desalojos se hubiesen llevado a cabo como una forma de castigo colectivo y arbitrario contra la minoría musulmana y las comunidades de bajos ingresos por su presunta participación en la violencia intercomunitaria.

«Las demoliciones sumarias de viviendas y estructuras de las comunidades musulmanas han agravado la vulnerabilidad de las mujeres, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad que viven allí», ha aseverado HRW.

«Las autoridades indias actúan cada vez más como si el castigo sumario se hubiera convertido en una política de Estado», ha señalado Ganguly.

«Si el gobierno indio no toma medidas inmediatas para hacer retroceder las leyes, políticas y acciones discriminatorias dirigidas a las minorías, el estado de derecho será reemplazado por excavadoras y palos», ha añadido.

Europa Press

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