Familiares y legisladores del Estado de México impulsan la “Iniciativa Octavio Ocaña” – en honor al actor fallecido en Cuautitlán Izcalli, el 29 de octubre de 2021-, con la finalidad de agravar la sanción para funcionarios y servidores públicos que difundan imágenes o vídeos en los que aparezcan cadáveres o restos de personas.

La Fundación jurídica LEXPRO anunció mediante un comunicado que la familia Pérez Ocaña, junto con su grupo de expertos, y el acompañamiento de la diputada mexiquense, Luz María Hernández Bermúdez, integraron una iniciativa de reforma para el artículo 227 Bis, del Código Penal del Estado de México.

Este martes, se dio a conocer que se pretende elevar a 10 años de prisión y multas de 500 a 1000 UMAS (de 48 mil a 96 mil pesos), para funcionarios y servidores públicos que difundan o promuevan imágenes contenidas en una investigación, principalmente si se trata de cadáveres o restos de personas.

Sobre la iniciativa, la legisladora local, por Morena, Luz María Hernández Bermúdez destacó que la filtración de este tipo de imágenes, además de las indicaciones jurídicas también afecta psicológica y moralmente a las familias, por lo que consideró necesario aumentar las penas.

La filtración de imágenes que daría a conocer por servidores públicos de servicios paramédicos que participaron en el incidente razón por la cual la iniciativa de ley que tengo bien a presentar busca la prevención de estos actos ilícitos, así como agravar la pena a fin de que este tipo de delitos, no afecte más.

Dijo que si bien, a partir de la “Ley Ingrid” del 2021, muchos estados en el país reformaron su código penal, la sanción no alcanza a servidores públicos auxiliares como los socorristas, ya que, recordó, en el caso de Octavio Ocaña, una paramédico que ya fue vinculada a proceso, presuntamente tomo fotografías al cadáver del joven y las compartió; la mujer no será juzgada con el agravante de la Ley Ingrid, debido a que no forma parte de ningún cuerpo de seguridad, impartición y procuración de justicia.

La iniciativa será enviada a Comisiones y aunque no hay fecha para su discusión la familia confía en que será aprobada para beneficiar a todas las personas que resulten ofendidas con este tipo de actos.

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