03/11/2022 a las 11:48 CET

La corporación provincial sanciona al trabajador por el uso inadecuado del vehículo de empresa y «deslealtad y abuso de la confianza» y él asegura que denunciará a la institución por persecución

«Abandono del puesto de trabajo sin causa justificada», «realizar trabajos particulares en el horario laboral» o «el uso inadecuado del vehículo de empresa». Son los motivos que ha esgrimido la Diputación de Valencia para echar a uno de sus trabajadores, que formaba parte primero de Imelsa, luego Divalterra, la empresa pública de la corporación, como «contratado laboral fijo adscrito al centro de Turismo» y tras su disolución era parte de la plantilla de la corporación.

La diputación ha notificado el despido de Ignacio Aleixandre a través de un decreto firmado por el presidente de la institución, Toni Gaspar, tras incurrir en faltas «graves» y «muy graves», una decisión que el afectado asegura que llevará a los tribunales. «Estoy muy tranquilo», expresa Aleixandre al ser contactado por este periódico e indica que tiene pruebas y testigos que demuestran que él no incurrió en esas faltas y que su caso es una «persecución» por parte de la corporación al haber formado parte de las listas de María José Catalá en 2019.

El procedimiento se abrió el 9 de junio de 2022 para comprobar «posibles conductas constitutivas de faltas o infracciones susceptibles de ser sancionadas». Este expediente concluye que se considera «probados los hechos descritos» y que son «constitutivos de faltas graves y muy graves».

Entre estas, según la justificación oficial del despido, aparecen en el apartado de faltas graves «el abandono del puesto de trabajo sin causa justificada», el «uso inadecuado del vehículo de empresa» y realizar trabajos particulares en el horario de trabajo «así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa, tanto dentro como fuera de los lugares de trabajo».

Como faltas «muy graves» se indica la «deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas así como cualquier conducta constitutiva de delito doloso» y la disminución «continuada y voluntaria» en el rendimiento del trabajo.

Cuando se presenta el pliego de cargos, que según la graduación de las faltas podría conllevar el despido del trabajador, el afectado no presenta «ningún tipo de alegaciones». Con ello, la diputación notifica el despido del hasta entonces empleado con efecto del 1 de noviembre de 2022, una resolución que es «definitiva en vía administrativa» quedando, eso sí, el recurso judicial, vía que el despedido ha asegurado que tomará.

Según su versión, el motivo del despido es político. Aleixandre ha sido alcalde pedáneo de El Palmar entre 2011 y 2015 continuando un legado familiar en la localidad del sur de la ciudad de València que empezó su bisabuelo. Ese cargo lo asumió Ignacio Aleixandre en verano de 2011, aún con Rita Barberá en el consistorio del ‘cap i casal’, cuando entonces tenía 23 años. Su vínculo con la política municipal no acabó en el momento en que los ‘populares’ dejaron la vara de mando en València ya que ocupó el décimo puesto de la lista de Catalá en 2019 en la que el PP obtuvo ocho ediles.

Aleixandre asegura que tiene testigos y pruebas de que el abandono laboral que denuncia la diputación y por el que acaba despedido no es tal. Indica que le mandaron encargarse de un grupo de periodistas extranjeros para grabar zonas en el Palmar para promocionarlo y que acudió a esta localidad, donde reside, con el coche oficial hasta en 11 ocasiones con informes de la gerencia firmados: cuatro con los propios periodistas para grabar el documental y siete anteriores para elegir las localizaciones. El asunto terminará en los tribunales.

El vínculo laboral del exalcalde pedáneo con la administración provincial empezó en la empresa pública de la diputación, la entonces Imelsa. Su entrada fue como «contratado laboral fijo». Con el cambio de gobierno provincial y la llegada de la izquierda, Imelsa mutó su nombre a Divalterra, pero muchos trabajadores contratados en épocas anteriores, como Aleixandre, siguieron en sus puestos hasta su disolución.

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Esta llegó de manera definitiva a mitad de este año. Como parte de su extinción se acordó la subrogación de los empleados de esta empresa pública al cuerpo administrativo de la diputación. La mayoría, los brigadistas, pasaron al Consorcio Provincial de Bomberos; pero otros, más vinculados con tareas de gestión, lo hicieron al departamento provincial correspondiente. Este fue el caso de Aleixandre, vinculado a Turismo. Es por su labor en este área por la que se ha abierto el expediente que ha acabado en despido y que él asegura que recurrirá en los juzgados.

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