12/01/2023 a las 08:31 CET

El Gobierno logra renovar el TC y que Cándido Conde-Pumpido sea el presidente sin una sola concesión a los populares tras la ruptura de las negociaciones del pacto judicial

El Gobierno culmina, con la elección del magistrado Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el alumbramiento de una sólida mayoría progresista sin hacer una sola concesión al PP. Ni siquiera la vicepresidenta, que también ocupará una persona de este bloque, Inmaculada Montalbán. Los populares quedan absolutamente fuera de juego, tras la ruptura de las negociaciones con el Ejecutivo en octubre pasado.

Por el camino se ha quedado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permanecerá sin actualizar hasta la siguiente legislatura. Pero el Gobierno logra su aspiración de acabar con el mandato conservador del TC y de situar a Conde-Pumpido en la presidencia. Aunque algunos ministros aseguraban esta misma semana que no tenían preferencias por ningún candidato -competía también la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer-, lo cierto es que Moncloa siempre ha querido a Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Así se trasladó en las sucesivas conversaciones con los populares para llegar a un acuerdo. Tanto en la etapa de Pablo Casado como con Alberto Núñez Feijóo.

El PP nunca lo cuestionó, pero puso sobre la mesa sus propias condiciones. En las negociaciones, junto a su petición de avanzar en la despolitización de la justicia, se abordó que designarían a uno de los magistrados del TC nombrados a propuesta suya por el Senado para sustituir a Alfredo Montoya, que en julio dejó el tribunal por cuestiones de salud. Esto, que requiere los votos del PSOE, ya no se va a producir.

Además, mientras se negocia un pacto, las dos partes tienen margen para cuestionar a los candidatos propuestos. Esto significa que si Moncloa y el PP hubieran alcanzado un acuerdo, para el Gobierno habría sido imposible plantear el nombre del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como nuevo miembro del TC. De hecho, no lo hizo mientras mantuvo el diálogo abierto con los populares (que nunca lo habrían aceptado) y sólo apostó por él cuando todo saltó por los aires.

Con el puesto de Montoya cubierto, la elección de Conde-Pumpido y todas las decisiones que a partir de ahora se adopten tendrían un voto más del bloque conservador, que se queda con sólo cuatro representantes frente a siete. Esta situación es el resultado de la suspensión de los contactos entre el Gobierno y Feijóo, que decidió romper en el último momento ante la evidencia de que Pedro Sánchez iba a rebajar el delito de sedición.

Desconfianza mutua

Moncloa se escuda en que eso no puede justificar el incumplimiento de la Constitución y sostienen que el cambio del Código Penal para modificar la sedición fue algo que se maduró poco a poco. Después de que fracasaran los primeros intentos de entendimiento con el PP por la convocatoria de las elecciones andaluzas, la renuncia de Carlos Lesmes a la presidencia del TC generó un vacío institucional que llevó a Sánchez a convocar a Feijóo a una reunión. Génova recibió la llamada con sorpresa y al principio no dio garantías de asistencia hasta que se transmitió que era una petición formal, según aseguran fuentes gubernamentales.

Sorprendentemente, ese encuentro dio frutos y comenzó la negociación que descarriló en octubre, en medio de fuertes presiones al líder del PP para que no llegara a un pacto por parte de una parte del sector conservador de la justicia. En ese momento el escenario se complicó para el Gobierno, pero Moncloa enseguida vio claro que tenían posibilidades de conseguir el vuelco en el TC.

No fue fácil. Después de nuevos intentos para cambiar la ley y obligar al CGPJ a nombrar a sus dos representantes en el Constitucional, contra todo pronóstico, en mitad de las Navidades, se logró y el Ejecutivo consiguió así vía libre para renovar el TC, que durante casi una década tendrá mayoría progresista. Los dos miembros que nombra el Gobierno, algo que sólo sucede por la renovación en tercios cada nueve años, son los que decantan el talante del TC.

Montoya y el CGPJ

En el PP son más que conscientes de que los números actuales dentro del Constitucional darán una sensación de vapuleo en muchas cuestiones relevantes. Y algunos dirigentes de la cúpula nacional no esconden el lamento de no poder cubrir la vacante del magistrado Montoya. Pero cuentan con que no hay ningún margen de negociación porque dan por hecho que su sustitución está ligada a la renovación del CGPJ que no abordarán esta legislatura. Asumen, por tanto, la situación.

Y, de hecho, los populares elevaron el nivel de crítica cuando se confirmó la presidencia de Conde-Pumpido al frente del tribunal de garantías. Su enfado tiene también que ver con que se rompa la tradición instaurada en los últimos años de que la vicepresidencia del TC la ocupe un magistrado de corriente distinta al de la presidencia. Es decir, entienden que el número dos debía ser conservador.

En Génova aseguran que las “injerencias” de Moncloa en la mayoría de instituciones han hecho un daño “en este momento irreparable” en la credibilidad de todas ellas y entienden que la “única manera” de romper esa tendencia pasa por que el TC demuestre autonomía en su actividad ordinaria a partir de ahora. 

Sí es cierto que hay un cierre de filas total dentro del PP con la ruptura de negociaciones en materia de justicia con el Gobierno. Si hubieran acordado el nuevo Consejo y a las dos semanas, como ocurrió, se hubiera hecho pública la reforma del Código Penal relativa a los delitos de sedición y malversación “el partido habría quedado destrozado”, coinciden en la dirección y en las distintas CCAA. No hay dudas sobre eso. En cambio, hay barones territoriales y también dirigentes de la cúpula que reconocen, en vista del desenlace, que lo mejor habría sido alcanzar un acuerdo justo con la llegada de Feijóo. 

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Eso habría permitido cumplir con la Constitución, «cerrar un asunto que en el fondo hay que hacer» dicen algunos de ellos con total claridad, y tener unos meses hasta el pacto presupuestario del Gobierno que “evidentemente tendría contrapartidas para ERC”, asumen.

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