LIMA, 12 ene (Reuters) – Miles de personas marcharon el
jueves por las calles de Lima demandando la renuncia de la
presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, en la primera
protesta multitudinaria en la capital de Perú en semanas en
medio de una ola de disturbios que han dejado 42 muertos en
choques con las fuerzas de seguridad.

Cargando ataúdes de cartón, fotos de las víctimas y cárteles
con mensajes en contra del Gobierno, los manifestantes gritaban «Dina asesina», en una de la mayores crisis políticas que
amenazan la estabilidad democrática en el país minero.

La marcha en Lima, que se desarrollaba sin incidentes con la
policía, fue organizada por sindicatos y partidos de izquierda.

Las protestas estallaron poco después de la destitución y
arresto del presidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó
el 7 de diciembre disolver de forma ilegal el Congreso.

El primer ministro, Alberto Otárola, reafirmó horas antes de
la marcha, en una conferencia, que la presidenta Boluarte no
renunciará y que esperan las elecciones anticipadas propuestas
para abril del 2024, dos años antes de lo previsto.

«La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va
a dar y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la
Constitución requiere que esta sucesión que se ha dado se
afiance. Dejar la presidencia sería abrir una compuerta
peligrosísima para la anarquía y el desgobierno», afirmó.

Los disturbios se han centrado en las regiones del sur de
Perú, históricamente votantes de izquierda, piden además de una
nueva Constitución la libertad de Castillo, que cumple prisión
preventiva acusado de «rebelión», que el exmandatario niega.

Horas antes del inicio de la marcha en Lima, el Congreso
aprobó conformar una comisión especial para investigar las
decenas de muertes, entre ellos un policía, como producto de
fuertes choques ocurridos principalmente en el sur de la nación
andina.

El martes, la fiscalía abrió una investigación preliminar
contra Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio,
homicidio calificado y lesiones graves» durante las protestas,
en la que incluyó también a parte de su gabinete de ministros.

«Quisiéramos que también con la misma premura la Fiscalía de
la Nación diga qué carpetas fiscales existen respecto a las
personas que están destruyendo el Perú y destruyendo los
aeropuertos», dijo al respecto el primer ministro Otárola.

Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y las
fuerzas armadas peruanas de usar armas de fuego mortales y
lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros. El ejército dice,
por su parte, que los manifestantes, la mayoría en el sur andino
de Perú, han usado armas y explosivos caseros.

En la nación andina, la furia de los peruanos ha aflorado
desde hace tiempo en medio de denuncias de corrupción contra la
mayoría de sus exmandatarios, generando constantes turbulencias
políticas para tener seis presidentes en los últimos cinco años.

(Reporte de Marco Aquino. Editado por Marion Giraldo)

Reuters

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