Sin control judicial de constitucionalidad no habría verdadera Constitución ni derechos inalienables de primera, segunda o tercera generación. Como en la Francia de Luis XIV (“El Estado soy yo”) o en las dictaduras de Vladimir Putin, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, para quienes su voluntad es la ley.

Sin control judicial, cada poder del Estado sería único árbitro de sus propias leyes o decretos y nadie podría objetarlos, aunque violasen la Constitución con flagrancia. Como si incluyeran un artículo diciendo “esta ley es constitucional”. Una afirmación tan surrealista como “Esto no es una pipa” la famosa obra de René Magritte, pero a nivel institucional. Y cualquiera fuese la opinión que tuvieran los jueces, deberían aplicarlas sin chistar y fumárselas en pipa.

Sin ese control, los gobernantes podrían cercenar las libertades públicas, los derechos de expresión, de circulación y de domicilio, y desconocer el derecho de propiedad. El único juicio de legitimidad, ante los desbordes del poder, sería el voto popular, tan fluctuante como el humo de una pipa.

La sociedad humana tardó muchos años en crear instituciones que equilibrasen los intereses del corto plazo con el bien común en el largo plazo. Cuando se introdujo el sistema parlamentario en Inglaterra (1688), la voluntad real fue sustituida por la supremacía legal. Con el Estado de Derecho (rule of law) los derechos individuales fueron garantizados más allá de los cambios políticos. Esa seguridad jurídica, proyectada hacia el futuro, impulsó la Revolución Industrial del siglo XVIII y el progreso que hoy damos por sentado.

La Constitución de Estados Unidos (1787) creó el sistema republicano basado en la división de poderes. Pero sin control de constitucionalidad, esa división, por sí sola, no impediría los abusos. Por ello, la Suprema Corte atribuyó a la Justicia la facultad de revisar actuaciones del poder político y dejar sin efecto las que violasen la Ley Fundamental (Marbury vs. Madison, 1803).

Para los regímenes autoritarios, de derecha o de izquierda, esa prerrogativa cercenaría la voluntad popular expresada en los actos eleccionarios. El Poder Judicial es una rémora conservadora que obstaculiza la gestión del Estado en desmedro de las mayorías populares. A través del control judicial de la constitucionalidad, los jueces también harían política conforme intereses de los grupos concentrados. En la Argentina, es lo que sugiere la agrupación Justicia Legítima cuando pretende “democratizar” la Justicia.

Esas críticas inspiradas en filósofos posmodernos, como Michel Foucault (“la sociedad disciplinaria”) o posmarxistas, como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (“la razón populista”), ignoran un hecho irrebatible: las democracias que progresan son aquellas donde rige el Estado de Derecho. Cuando se respeta la división de poderes, la periodicidad de los cargos, la publicidad de los actos, la independencia de la Justicia, la libertad de prensa y, por supuesto, cuando rige el control judicial de la constitucionalidad, en forma difusa (la Argentina) o mediante tribunales constitucionales (sistema europeo). En Cuba, los tribunales están subordinados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (art. 121 de su constitución) y ese pueblo, tan “empoderado”, no tiene ni para comer.

En nuestro país, la obsecuencia tiene ribetes surrealistas y los más altos estamentos del Gobierno transitan un estado onírico. El juicio político a la Corte Suprema no responde a ningún principio doctrinario ni a convicciones íntimas de quienes lo impulsan. El presidente Alberto Fernández, los gobernadores que lo acompañan y los legisladores que les responden, saben que es una maniobra más de obsecuencia para satisfacer a Cristina Fernández en el único tema que a ella le preocupa: su situación judicial y la de sus hijos, a quienes sus padres involucraron en una gigantesca defraudación al Estado por ambición de lucro.

Todos ellos tienen experiencia política y patrimonios relevantes: suman, restan y multiplican. Saben que el ataque contra los cuatro jueces del más alto tribunal del país no responde a ninguna cuestión de principios, ni tiene sustento legal alguno. Todos simulan convicciones y alardean de principios de los que carecen. “Esta no es una pipa” declaran, mientras fingen agravios que no han sufrido y menoscabos que no han existido. Saben que es una pipa, pero quieren llenar el recinto de humo para ocultar la verdad cartesiana, “clara y distinta”.

Quienes llevan al extremo la ficción son Sergio Massa, sus legisladores y su otrora respetado viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. Saben que el flanco más débil de la Argentina, para recuperar credibilidad, es su fragilidad institucional. Sin embargo, prefieren acompañar a los obsecuentes por ambiciones personales, rogando que todo quede en agua de borrajas, tapado por hechos peores que, sin duda, provocarán. “Esta no es una pipa” declaran, mientras toman una pistola y se pegan un tiro en el pie.

Un nuevo ataque a la Corte Suprema de Justicia por la obvia razón de conseguir la impunidad de Cristina Fernández y sus hijos es un error imperdonable que afectará negativamente el juicio de inversores y prestamistas sobre nuestro país. Y, con mayor razón, cuando toda América Latina se encuentra conmocionada por intentos de destitución de autoridades elegidas y de los poderes –inclusive el Judicial– cuyo funcionamiento es esencial para garantizar la democracia y el bienestar general. Es lamentable que, por un objetivo tan ruín, se arruine aún más la imagen de la República.

LA NACION

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