El sistema de Naciones Unidas que opera en Perú instó este martes al gobierno de Dina Boluarte a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas, que han dejado 40 muertos en un mes en regiones andinas.

«Exhortamos a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica», señalaron las agencias, fondos y programas de la ONU en Perú en un comunicado conjunto difundido en su cuenta de Twitter.

La ONU llamó además al gobierno «a observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes; y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis».

La exhortación está dirigida también a las diversas organizaciones detrás de las protestas, a las que pidieron «abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada».

«Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú, que el lunes 9 de enero vivió uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios a principios de diciembre», declaró en Ginebra la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.

Las protestas registraron 18 muertos el lunes en Perú tras choques y saqueos en la región andina de Puno, epicentro actual de la crisis institucional y social que vive el país desde hace un mes.

El embajador de Reino Unido en Perú, Gavin Cook, reaccionó en Twitter, donde expresó que «los reportes de violencia en Juliaca son sumamente preocupantes».

«Es esencial que las fuerzas del orden respeten DDHH y actúen legal y proporcionalmente. Investigaciones y medidas para evitar más violencia son urgentes», escribió el diplomático.

La crisis peruana estalló el 7 de diciembre cuando el presidente izquierdista Pedro Castillo fue destituiido por el Congreso, dominado por la derecha, luego de un fallido intento de cerrar el parlamento y gobernar por decreto.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictada por un juez acusado del delito de rebelión por su intento  de socavar el sistema democrático.

Ljc/ll

AFP

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