14/11/2022 a las 15:39 CET

‘Oficina C’ es el nombre de una nueva entidad parlamentaria: una plataforma de asesoramiento científico que ayudará a los diputados a hacer mejor las leyes

Estaba sonriente la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, porque este lunes se ha presentado uno de los retos más ilusionantes de su mandato parlamentario: la Oficina C, la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja. No es un nuevo estamento parlamentario carente de funciones o con funciones por determinar. En realidad, lleva un año trabajando. Cuatro informes ha hecho ya. Informes sobre ciberseguridad, hidrógeno verde, tratamientos contra el cáncer y uso de la Inteligencia Artificial en la salud.

Y no son un oasis en el mapa parlamentario europeo. Aunque con metodologías distintas, existen oficinas de asesoramiento científico en Francia, Alemania, Suiza, Holanda o Reino Unido.

Los informes, por cierto, son breves, pero muy completos. Contextualizan, apenas recomiendan. No son como esos documentos de las ponencias o de las subcomisiones, repletos de propuestas y consejos. Los hacen el Congreso y el Senado a menudo tras convocar a decenas de expertos. A lo que se va a dedicar la Oficina C es más o menos a eso, pero sin comparecencias públicas y con una finalidad distinta: su misión no es guiar a los gobiernos. Es guiar a los diputados, darles conocimiento, facilitarles el trabajo.

Batet, durante la presentación este lunes, ha definido la Oficina como “un instrumento de asesoramiento científico”. Como una plataforma que, por medio de “la evidencia científica”, permita a los representantes de los ciudadanos hacer mejores leyes. Esto es importante porque no sólo se enriquecerá el acervo legislativo, sino además el diseño de las políticas públicas. Y alimentará el conocimiento de los diputados/as, su cultura.

El consejo asesor de la Oficina se encargará de proponer los ámbitos en los que trabajar. La Mesa del Congreso decidirá. La primera decisión ha abarcado cuatro campos de incidencia diaria en los ciudadanos, quienes, por cierto, podrán acceder a los documentos desde la web del Congreso. Se irán actualizando en función de los avances científicos o tecnológicos que se producen, o sea, que se irán actualizando periódicamente porque éste es un viaje que no cesa.

Más de 120 expertos han redactado los informes, que citan a su vez ni más ni menos que 1.000 referencias bibliográficas. Las personas que han participado en la redacción provienen de diversos campos, desde las ciencias sociales o las humanidades a la medicina o la tecnología, siempre en función del texto.

Contra el cáncer

Un vistazo a los informes muestra en seguida la utilidad. No será lo mismo para un diputado o diputada de la Comisión de Sanidad redactar una norma o una proposición no de ley. Si quiere lanzar una propuesta de mejora de tratamientos oncológicos, deberá entrar en la Oficina C.

Hay un sinfín de datos. Como que casi 300.000 personas son diagnosticadas de cáncer en España cada año o como que el 40% de los tumores pueden prevenirse con una vida sana que reduzca los factores de riesgo. Como que el cáncer es la segunda causa de muerte entre la población (en 2020, más de 112.000 fallecimientos). O como la previsión de que “las cifras de incidencia”, de no quebrarse la tendencia, dupliquen los números actuales en 2070.

Las repercusiones económicas y sociales son enormes, constata el informe. Puede sobrepasar los 12.000 millones de euros sólo en España, o los 19.000 si se tienen en cuenta los costes que asumen los pacientes y las familias.

La puerta a la esperanza está aquí abierta. Los autores recuerdan los avances logrados, como “la tomografía computarizada (TC) o la RMN” o el “servicio de anatomía patológica”, que estudia y diagnostica las biopsias y citologías. “Una tinción del tejido con dos colorantes es la técnica base para el diagnóstico de tumores al microscopio”, añade. 

O la protonterapia: protones que “permiten concentrar la radiación en el tumor y preservar mejor los tejidos adyacentes, lo que disminuye el riesgo de secuelas”.

Nuevas fuentes de energía

El hidrógeno verde procede de la electrólisis del agua. “El proceso consiste en la separación de la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno usando electricidad”, así se define. “Esta reacción no genera emisiones de CO2 y se lleva a cabo en equipos denominados electrolizadores”, apuntan luego los autores/autoras.

Que la Mesa haya optado por un informe al respecto se explica así: “es una de las vías tecnológicas que puede contribuir a la descarbonización de la economía mundial para 2050”. Un dato esencial: “las tecnologías renovables produjeron el 47% de toda la electricidad generada en suelo nacional” en 2021. Otro, por si no fuera suficiente: “el consumo de hidrógeno en España en 2019 se situó en torno a 500.000 toneladas”.

Cómo producir hidrógeno: mediante electrolizadores alcalinos, de membrana polimérica, de óxido sólido o de membrana aniónica. Un apunte que no obvia el texto: “las soluciones basadas en el hidrógeno verde constituyen una oportunidad para las islas Baleares y Canarias”, ya que podrían convertirse “en territorios energéticamente independientes”.

IA y salud

Sobre inteligencia artificial se ha escrito tanto… Se escribirá más. La pulsión regulatoria es inevitable. En la UE y en España. Será importante contar con este informe de la Oficina C, que indica que la aplicación de IA en tratamientos contra enfermedades en auge puede generar “un ahorro anual en Europa de 17.200 millones de euros”.

Avances en investigación biomédica y clínica, en enfermedades raras, apoyo durante intervenciones quirúrgicas en tiempo real, predicción con antelación del desenlace clínico de un paciente… En Estados Unidos “se ha estimado que uno de cada 20 adultos ha sufrido errores diagnósticos evitables con la ayuda de la IA”.

La pandemia de covid ha demostrado el inabarcable campo de la inteligencia artificial porque ha propiciado el desarrollo de herramientas “capaces de detectar brotes, comprobar síntomas automáticamente, predecir el número de casos y rastrear contactos”. 

O de mejorar el tratamiento de enfermedades transmitidas por mosquitos, o ser más eficaz en cómo las redes sociales golpean la salud mental.

Contra los ciberataques

En el Congreso, sin ir más lejos, una Comisión de Seguridad Nacional analiza y advierte sobre los riesgos que entraña la ciberdelincuencia, en auge porque Internet no para de estar en auge. “Se calcula que en torno al 28 % de la población ha experimentado algún incidente de ciberseguridad”, destaca el informe.

Los ataques a las infraestructuras críticas pueden paralizar un país. En España, tales infraestructuras son 12 sectores: energía, tributario y financiero, agua, transporte, TIC, químico, nuclear, espacio, alimentación, administración pública, salud e investigación. 

Los ataques más habituales son de denegación de servicio, ransomware o secuestro de datos, ‘phishing’ (ataque basado en la manipulación mediante ingeniería social –suplantación de una entidad legítima y otras– a través del correo electrónico u otros sistemas de mensajería, para robar información privada, hacer algún tipo de cargo o infectar el dispositivo), ataques web y amenazas persistentes avanzadas.

Y tal puede ser su letalidad en un país que, como ejemplo, dice el informe: “el 60% de las pymes europeas que son víctimas de ciberataques desaparecen”.

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Todo esto que acaban de leer es un resumen muy resumido de los cuatro informes. Contienen mucho más. Si este extracto tan somero les resulta útil, imaginen los informes completos. E imaginen lo bien que les puede venir a los diputados, encargados de hacer las leyes que nos definen como sociedad y ciudadanía.

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