El fin de semana último, LA NACION publicó una exhaustiva investigación periodística sobre el narcotráfico y su inmensa red de complicidades políticas y judiciales en la provincia de Santa Fe. Hace años que la ciudad de Rosario es noticia por hechos de violencia que estremecen a la opinión pública; bandas de narcotraficantes enquistadas en los estamentos de poder, pruebas de corrupción, extorsiones y cifras escalofriantes de hechos de sangre con cientos de víctimas mortales.

Si hace muchos años, alguna vez se mencionó a Rosario como “la Chicago argentina”, a modo de comparación forzada con la época de los gánsteres y la ley seca en los Estados Unidos, hoy tendríamos que hablar de Ciudad Juárez o de Sinaloa, para comenzar a describir lo que se está viviendo en esa ciudad.

De acuerdo con los últimos datos, durante los primeros nueve meses de este año se registraron 222 asesinatos, y si se toma como punto de partida enero de 2012, las víctimas mortales ascienden a 2328.

Desde hace una década, Rosario comenzó a ser tomada poco a poco por bandas que a partir de dinero sucio, extorsión, amenaza y muerte tejieron redes que involucran a sectores estratégicos de la vida institucional de la provincia de Santa Fe. Un Estado cooptado, ausente o cómplice fue el banquete ideal para que ese territorio se haya transformado en un feudo narco.

Una simple muestra, absolutamente probada, de la impunidad con que se mueven estos sicarios surge del dato que transparenta que muchos de los atentados contra responsables del poder político o de los negocios fueron pensados y diseñados desde dentro de las cárceles, debido a que todos los cabecillas tienen la posibilidad de manejarse con teléfonos celulares desde las unidades penales, pese a existir una norma que desde 1996 lo prohíbe expresamente. Tan inexplicable como injustificable.

De esa manera se planificó en 2020, por ejemplo, el accidentado y malogrado atentado contra el Casino City Center, en las afueras de Rosario, que presuntamente tenía el propósito de extorsionar a sus dueños.

Justamente ese hecho provocó un tiroteo que causó la muerte del gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, quien se encontraba en uno de los balcones del edificio.

En su momento, los fiscales locales actuaron con celeridad y se pudo detener a Maximiliano “Cachete” Díaz, lugarteniente de Ariel “Guille” Cantero, jefe del clan de Los Monos. Al verse rodeado por la policía, Díaz se deshizo del teléfono celular, que, no obstante, fue rescatado por un vecino y, a partir de allí, como punta de un ovillo, se fue reconstruyendo toda una telaraña que llegó hasta los lugares más encumbrados de la política provincial.

A partir de los audios y números que portaba ese dispositivo quedaron totalmente expuestas las conexiones existentes entre el juego ilegal, la policía, el universo narco, funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y sectores del poder político.

Es así como Esteban Alvarado, uno de los narcotraficantes más importantes de Rosario, junto con la banda de Los Monos y condenado a prisión perpetua este año por el asesinato del gerente del Banco Nación, tejió una red de complicidades políticas y policiales más fuerte que la del clan Cantero. Luis Quebertoque, exjefe de la División Judiciales de la Policía, que persiguió a la banda de Los Monos, en verdad era hombre de Alvarado; también Pablo Báncora, policía encargado de realizar las escuchas telefónicas contra los narcos en la fiscalía, era el responsable de suministrar información a Alvarado para llevar a cabo diversos atentados.

¿Qué condiciones se han dado para que Rosario y zonas aledañas vivan este presente? Seguramente las mismas que en 2013 posibilitaron que la residencia del entonces gobernador Antonio Bonfatti fuese baleada en el contexto de un confuso episodio.

Más del 60% de las muertes que se registran en Rosario responden a disputas territoriales entre clanes y bandas criminales. La cantidad de homicidios que hubo en Rosario entre 2019 y 2022 fue de 855, mientras que en 2021, solo los vinculados al narcotráfico representan el 76%.

Las estadísticas reflejan también que la violencia se concentra en apenas el 13% de la ciudad, en su periferia. Sin embargo, lo que conectó la violencia con el centro de la ciudad fueron las mencionadas extorsiones que realizan los narcos desde la cárcel: dinero a cambio de paz. No se trata de un caso aislado: durante el primer semestre se denunciaron 732 extorsiones y en más de 400 se usaron armas.

Estos datos del Ministerio Público de Acusación (MPA) se suman a un escenario de desigualdad estructural, con barrios sumergidos en una pobreza extrema, crisis económica, corrupción impune y una posición geográfica de privilegio. Resultado: un peligroso caldo de cultivo para un sistema criminal que asfixia y que derrama sangre por las calles rosarinas, extendiéndose rápido y amenazante hacia otras zonas del país, mientras una parte de la dirigencia política mira para otro lado y otra se revela cómplice.

LA NACION

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