Quieren que Sergio Massa muestre su verdadero rostro. Los dirigentes opositores de Juntos por el Cambio se manifestaron cansados de que el ministro de Economía les haga llegar mensajes de que no está de acuerdo con el juicio político a la Corte Suprema (versión que también difunde entre periodistas que lo frecuentan) y, al mismo tiempo, sus tres diputados, indispensables para alcanzar la mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, obedezcan las directivas del kirchnerismo. Sin esos diputados de Massa, la comisión carecería de poder para impulsar el juicio político a los jueces más importantes del país. Con otras palabras: sin Massa, el juicio político no podría avanzar más allá de la mesa de entradas de la Cámara. Por eso, ayer la conducción nacional de Juntos por el Cambio avaló la decisión del día anterior de los líderes parlamentarios (Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López y Rodrigo de Loredo) según la cual la coalición opositora no dará quórum ni ayudará a aprobar ninguna ley enviada por el Gobierno mientras siga en trámite el juicio político a la Corte. Los principales proyectos que necesitan (o necesitarán) la aprobación de Diputados son prioridades de Massa. “Que diga si es el estadista que hace creer a muchos o si es otro de los responsables de la destrucción institucional del país”, señaló ayer uno de los líderes de Juntos por el Cambio.

La oposición supone, además, que la nación política ingresó en el año electoral más sucio y repugnante que se haya vivido desde 1983. Respalda su inferencia en la obscena campaña de varios kirchneristas para conseguir el apoyo de Cristina Kirchner en las primarias de agosto: Alberto Fernández y los gobernadores Gerardo Zamora y Jorge Capitanich, además del propio Massa, ya se anotaron en la competencia por quién adula mejor a la vicepresidenta, que controla el mayor porcentaje de votos dentro de una interna en el Frente de Todos. Otra cosa serán las posteriores elecciones generales, en las que el oficialismo aparece perdidoso en la unanimidad de las encuestas. Esa es, de todos modos, una primera lista de postulantes, pero no necesariamente será la definitiva. Cristina Kirchner ya dijo que no será candidata a presidenta, seguramente porque le huye a la derrota anunciada. Acomodaticia y artificiosa, se manifestó proscripta. Es falso. En las elecciones de este año podrá ser candidata al cargo que quiera. También influyen en la deducción opositora los antecedentes de Alberto Fernández, que no reparó en ningún principio cuando ordenó en 2005 una operación mentirosa contra el entonces candidato opositor a jefe de gobierno de la Capital, Enrique Olivera. Intuye de igual modo que el cristinismo se pondrá cada vez más ofensivo y trasgresor en la medida que se acerque la fecha del 9 de marzo, cuando el tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por hechos de corrupción dará a conocer los fundamentos de la sentencia. A partir de febrero, cuando finalice la feria judicial, se espera también la resolución de la Cámara de Casación que podría ordenar el juicio oral contra la expresidenta y su familia por lavado de dinero en hoteles y edificios, propiedades de los Kirchner. “Será una campaña de vale todo y estaremos en el centro de operaciones y mentiras permanentes”, señaló otro referente de Juntos por el Cambio.

La mentira es el hábito del cristinismo. ¿Ejemplos? Hace pocos días dirigentes de la coalición peronista anunciaron que recusarán a la jueza María Eugenia Capuchetti porque dicta clases en la escuela de policías de la Capital. Capuchetti investiga el atentado fallido contra Cristina Kirchner. Supuestamente, según esa denuncia, la condición de docente de Capuchetti la vincula con la oposición. ¿Es un antecedente único y excepcional? No. Simplemente, no miran (o no quieren mirar) qué pasa en su propio corral. En la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el kirchnerismo, 77 jueces y fiscales dictan clases en escuelas de las fuerzas de seguridad. Se cuentan entre esos docentes hasta miembros y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia provincial. Es una práctica habitual, y encomiable, que jueces penales del país se dediquen a enseñarles a policías, gendarmes y prefectos los márgenes y los límites de la ley. ¿Otro ejemplo? Dirigentes kirchneristas señalaron que las recientes pinchaduras de teléfonos, que violó el derecho a la intimidad de funcionarios y jueces, debían ser tomadas como pruebas válidas porque un juez federal y la Cámara Federal habían declarado admisible la conversación telefónica, interceptada ilegalmente, entre el entonces canciller Héctor Timerman y el también entonces presidente de la AMIA Guillermo Borger en el marco de la causa por la firma del acuerdo con Irán, denunciada como un delito por el fiscal Alberto Nisman días antes de que fuera asesinado. El final de esa historia es muy distinto de la versión kirchnerista. La Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, decidió reabrir la investigación pedida por Nisman, pero, al mismo tiempo, no consideró “prueba legítima” esa pinchadura de teléfonos. Ordenó, en cambio, que se investigue en una instancia inferior. Pusieron las cosas en su lugar: una intervención ilegal de conversaciones telefónicas privadas no puede ser una “prueba legítima”.

En ese contexto, el fiscal Carlos Stornelli presentó un petitorio para establecer cómo se pinchó el teléfono del ministro de Justicia y Seguridad de la Capital, Marcelo D’Alessandro, actualmente de licencia. El fiscal pidió que se establezca si existió una orden judicial o si se trató de una pinchadura ilegal. En su presentación, Stornelli alude a Rodolfo Tailhade, diputado hipercristinista y exfuncionario de los servicios de inteligencia, quien adelantó en Twitter la filtración de las conversaciones de D’Alessandro; este mismo declaró que se enteró de que su teléfono había sido ilegalmente infiltrado por las declaraciones de Tailhade en esa red social. ¿Cómo? ¿Qué información privilegiada tiene Tailhade que hasta se entera del contenido de pinchaduras telefónicas antes que el resto de los argentinos? ¿Cómo accede a esa información? Misterio. El kirchnerismo no da explicaciones, pero las pide. De la misma forma, la facción gobernante usa a jueces ignotos del interior para iniciar causas judiciales que luego pierden valor cuando son analizadas por instancias superiores o en otras jurisdicciones. En el mientras tanto, esas causas provocan un escándalo nacional, que es lo que le sienta bien al kirchnerismo. Así sucedió con el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, cuando inició una investigación por espionaje ilegal al gobierno de Mauricio Macri, después de que este terminara su gobierno.

Lo mismo ocurrió con el juez Alejo Ramos Padilla, entonces en Dolores, cuando abrió una causa contra el fiscal Stornelli, que había investigado el caso de los cuadernos, la mejor biografía que se haya escrito sobre el sistema de sobornos durante los muchos años en el poder del matrimonio Kirchner. Ramos Padilla fue ascendido luego a juez federal de La Plata y a juez electoral en la decisiva provincia de Buenos Aires. Los favores se agradecen. La jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, apuró en diciembre, antes de la feria judicial de enero, varias decisiones con impacto nacional, como el allanamiento del establecimiento Lago Escondido, el destino de jueces y fiscales que se conoció por una pinchadura ilegal de teléfonos. Según el diario Río Negro, Domínguez anunció que se jubilará en febrero. Versiones que circulan en los tribunales sostienen que la jueza se comprometió a procesar a varios de los que fueron a Lago Escondido antes de ingresar en la placidez del retiro. El caso más reciente es el del juez federal de Santiago de Estero, Guillermo Molinari, quien impulsó una denuncia del gobernador de esa provincia feudal, Gerardo Zamora, contra Silvio Robles, un estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por una conversación telefónica ilegalmente obtenida. Si bien Molinari se declaró luego incompetente, inició la causa a pesar de que es tío de la esposa del gobernador y mandamás santiagueño. Su sobrina es, además de primera dama santiagueña, presidenta provisional del Senado nacional, donde preside las reuniones cuando Cristina Kirchner no está. Y no está casi nunca.

Regresemos, entonces, a la Corte Suprema. El domingo, la jefa de prensa del juez Ricardo Lorenzetti, María Bourdin, retuiteó un mensaje que recordaba que otro juez del tribunal, Juan Carlos Maqueda, le había pedido la renuncia en 2003 al entonces presidente de la Corte, Julio Nazareno. El tuit incluía un link que conducía a una información publicada en aquella época por LA NACION, en la que daba cuenta del fuerte reclamo de Maqueda a Nazareno. Bourdin también escribió un tuit con una alusión muy despectiva a Robles, el principal colaborador de Rosatti. ¿Puede una jefa de prensa pronunciarse públicamente al margen de la opinión de su jefe, Lorenzetti en este caso? Improbable. ¿Bourdin estaba, acaso, insinuando que Maqueda debería pedirle ahora la renuncia a Rosatti? ¿Eso es lo que quiere Bourdin o es lo que quiere Lorenzetti? Tales expresiones públicas de Bourdin les asignan verisimilitud a las versiones, nunca confirmadas, que indican que Lorenzetti está cerca del Gobierno en la operación contra la Corte Suprema. De hecho, Elisa Carrió lo inculpó públicamente a Lorenzetti de liderar la ofensiva contra sus colegas en el máximo tribunal del país. “Ellos están acostumbrados a las ofensas de la política, pero los sorprende que un colega los abrace y les dé una puñalada por la espalda”, dijeron cerca de los despachos más importantes de la Corte.

Sea como fuere, el destino del juicio político a la Corte, impulsado por el propio Alberto Fernández, que fue amigo de varios miembros del tribunal, depende de la actitud de Massa (y de sus legisladores) y, si este desertara, de la disciplina de la oposición. Si, en efecto, Massa se fugara de sus responsabilidades institucionales, el juicio pasará de la comisión al recinto de la Cámara. El juicio político a los máximos jueces del países solo podría prosperar, en tal caso, con el voto de los dos tercios de los diputados presentes, no del pleno del cuerpo. Por lo tanto, los legisladores opositores deberán estar siempre presentes, una vez que el oficialismo haya conseguido el quorum, para evitar que el oficialismo perpetre una maniobra sorpresiva y consiga esa mayoría especial, a la que no accederá nunca si los opositores están en el recinto. “Dormiremos en el recinto”, anticipó el diputado Negri. La Argentina de Cristina Kirchner y Alberto Fernández no es la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero cada vez se le parece más.

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