La incertidumbre electoral y las complicaciones de la economía aumentan el nivel de riesgo en las decisiones que se tomen. En apenas ocho días, con las PASO, comenzará a despejarse la primera de las incógnitas. La segunda, en cambio, seguramente traerá nuevas turbulencias.
Sobre esto último, el Gobierno agrega mayores dosis de preocupación. El aumento de impuestos para los insumos y las mayores restricciones a las importaciones no hacen otra cosa que afectar los costos de una campaña agrícola que, necesariamente, deberá ser de recuperación, tras la dura sequía. Esto lo reflejó una encuesta reciente de los grupos CREA, que dio como resultado que un 43% de los productores consultados debió refinanciar la deuda que tomaron para solventar el capital de trabajo de la campaña 2022/23. En promedio, el nivel refinanciado fue del 16% del capital. “En ambos casos se trata de las cifras más elevadas de la serie histórica”, destacó el informe y explicó que “los mayores problemas se registran en las regiones CREA Norte de Santa Fe, Norte de Buenos Aires, Santa Fe Centro y Córdoba Norte”.
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En ese contexto, las noticias que vienen del exterior no contribuyen a despejar las preocupaciones. En julio pasado, por ejemplo, el precio internacional de los fertilizantes nitrogenados, se incrementó en un 48,4%. El consultor Jeremías Battistoni, de AZ-Group, explicó en un informe que la suba se debió a “los recortes de la producción en el sudeste asiático y parte de África, mientras que la demanda de Estados Unidos y China se extendió por las malas condiciones climáticas del inicio de la campaña”. El precio de la urea venía de un largo período de bajas tras el salto explosivo que provocó la invasión de Rusia a Ucrania.
Mientras tanto, el Gobierno, además de las restricciones a la importaciones, recurre a medidas de cortísimo plazo como el diferencial cambiario del dólar agro, esta vez a $340. que incluyó al maíz y a la cebada cervecera. “Esta, que es una medida para intentar disminuir el déficit de reservas en el Banco Central, se convirtió en un castigo para los consumidores de cinco productos básicos de la canasta familiar, es decir carne vacuna, aviar, porcina, leche y huevos”, analizó Miguel Schiariti, de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra) sobre el impacto del dólar maíz en los precios de la hacienda y la carne. En otras palabras, un ajuste puro y duro.
Más allá de los vaivenes, el campo insiste en que tiene propuestas para salir de la crisis y pensar en el desarrollo del país. Lo dijo claramente Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en su discurso del acto de inauguración de la Exposición Rural de Palermo. “Para cada problema que señalamos, proponemos una solución”, señaló, en referencia al documento que la entidad le presentó a los precandidatos presidenciales en abril pasado y al trabajo sobre “Agrobioindustria”, elaborado por 20 entidades de la actividad con el respaldo de otras 40. Pero además, Pino planteó que el campo “debe involucrarse a nivel político, en los lugares donde se toman las decisiones”. También sostuvo la necesidad que “las decisiones de los funcionarios respondan a políticas de Estado, definidas para el campo y la agrobioindustria y que las medidas se tomen no para beneficiar o perjudicar a un partido político, sino para apoyar a los sectores productivos”.
Además de esas propuestas, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) reiteró esta semana la necesidad de llevar adelante una ley Federal de Desarrollo Exportador por la cual, entre otras cosas, se prohíban los cupos a las exportaciones, se facilite el comercio con una cuenta única tributaria para reducir los gastos comercio exterior, se establezca un cronograma de eliminación de las retenciones y se lleve adelante un programa de certificación de cumplimiento de normas ambientales. “No se necesitan subsidios, solo reglas previsibles”, afirmó el CAA.
Hasta el momento, la respuesta de la política es más bien escasa. Lo reflejó un informe de la Fundación Barbechando, que señaló que de un centenar de proyectos presentados en el Congreso sobre el agro apenas tuvo aprobación en Diputados uno sobre promoción de productos orgánicos. Hubo temas como “riego, seguros, buenas prácticas, semillas, que ni siquiera llegaron a plantearse en la agenda”, señaló. Esto fue acorde con la baja tasa de aprobación de leyes en el Congreso en 2023: la mitad que en 2022, según enfatizó Barbechando que hizo hincapié en la necesidad de revertir esa parálisis legislativa en 2024.
