BOGOTÁ.– “Que no se rompa la democracia”, advirtió la procuradora general de Colombia, Margarita Cabello, en medio de la pulseada que sostiene con el presidente Gustavo Petro. Un choque institucional de trenes que mantiene en vilo al país político, sabedor de que más allá de la pelea entre poderes, del forcejeo personal entre los dos protagonistas y de las declaraciones altisonantes de ambos está en juego el relato de lo que sucede en la “Colombia del cambio”. Y todo ello en vísperas de unas elecciones trascendentales para el plan del mandatario.

La polémica surgió cuando en abril la Procuraduría suspendió provisionalmente, durante tres meses, a José Ramiro Bermúdez, alcalde de la caribeña Riohacha, capital del departamento de La Guajira, uno de los más golpeados del país. Contra el abanderado del Partido Liberal pesaba una acusación por supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Según sus investigadores, el burgomaestre y varios de sus funcionarios incurrieron en un cúmulo de irregularidades, a sabiendas, durante la puesta en marcha de un contrato gigantesco para el diseño y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de su ciudad.

Una vez cumplido el castigo, Bermúdez se reincorporó a sus funciones, incluso hizo público un video en el que anunciaba sus siguientes pasos. Dirigió a sus concejales en consejo de gobierno y habló con los periodistas locales para asegurarles que su regreso se debía a que la presidencia había decidido no nombrar a un alcalde encargado en su sustitución.

La reacción de Cabello contra el alcalde fue fulminante: prorrogar su suspensión durante tres meses más. La Procuraduría además aseguró que Bermúdez no había aportado ninguna documentación que corroborara su inocencia. De hecho, instaba al gobierno a nombrar un sustituto para Bermúdez.

A la defensiva

En esta ocasión fue el propio presidente quien decidió saltar a la palestra para defender al alcalde y a todos los sancionados. “Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia”, aseguró. Fue precisamente una sentencia de 2020 de la propia Corte, favorable a Petro, la que condenó a Colombia por haber sacado al exguerrillero de su cargo como alcalde de la capital por una sanción disciplinaria.

Esta misma tesis ha esgrimido Petro para defender al golpista Pedro Castillo en Perú e incluso a la candidata opositora María Corina Machado en Venezuela, tras la inhabilitación electoral ordenada por Nicolás Maduro.

La postura presidencial permitiría a dirigentes sancionados eludir la acción de la Procuraduría para presentarse a las elecciones locales previstas para octubre, lo que según Cabello limitaría la acción anticorrupción del poder independiente que encabeza. Todo ello en un país azotado históricamente por la corrupción.

El caso más conocido es el de Rodolfo Hernández, que peleó la presidencia el año pasado contra Petro. El líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción mostró su predisposición a competir por la alcaldía de Bucaramanga, pese a que sobre él recae una inhabilitación por 14 años en primera instancia.

“No es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos”, contraatacó este viernes Cabello tras las ultimas declaraciones presidenciales, en las que profundizaba en su tesis de que a un funcionario de elección popular no se lo puede apartar de su cargo por una sanción administrativa.

La procuradora no se ha ahorrado un solo calificativo en contra de la tesis presidencial, convencida de que no sólo pretende beneficiar a los sancionados con el “caos” que ha promovido, sino que amenaza directamente el ordenamiento jurídico colombiano y promueve el desacato. “Un presidente de la república que no le gusta lo que hacen las leyes colombianas, sino que quiere aplicar una ley, una decisión extranjera ya analizada en Colombia”, disparó Cabello.

Más allá de que Petro se mire en su propio espejo y recuerde los obstáculos sufridos durante su polémica gestión municipal, lo que subyace es uno de los dogmas que esgrime el oficialismo para justificar un año plagado de decepciones: los poderes del Estado y el establishment político impiden el cambio, lo que obligó al presidente a reclamar el apoyo popular en las calles para defender sus reformas más importantes, “bloqueadas” en el Senado y en la Cámara de Representantes.

“No le conviene al país enfrentamientos entre ramas del poder y órganos de control. Llamamos al respeto de la separación de los poderes e independencia de los órganos de control y al cumplimiento de normas vigentes. ¡Modificaciones a nuestra legislación corresponden al Congreso!”, clamó el nuevo presidente del Senado, Iván Name.

Este senador de la Alianza Verde, apoyado por la oposición y los partidos tradicionales, infligió al bloque gubernamental su mayor derrota política al imponerse la semana pasada por sólo cuatro escaños a Angélica Lozano. Un contratiempo más en una larga lista cuando todavía no se ha cumplido un año del ascenso al poder del Pacto Histórico.